La tensión política y ciudadana se mantiene en España. El Tribunal Supremo (TS) de dicho país acaba de denegar la petición de libertad para el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. La decisión responde a la posibilidad de que, según los magistrados del TS, el político vuelva a incurrir en los delitos que se le imputan: rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.
Las autoridades españolas declararon que no apuntan a combatir las ideas independentistas ni a la disidencia política, sino a una violación del estado de derecho y el sistema democrático español. Por esta razón, para ellos no podría hablarse de presos políticos para referirse a la privación de libertad de Junqueras.
Esta visión se opone a las movilizaciones ciudadanas en Barcelona que exigen su libertad y denuncian la existencia de presos políticos. El último llamado lo hizo el presidente destituido de la comunidad de Cataluña, Carles Puigdemont, a través de su cuenta de Twitter, donde declaró lo siguiente: “Voy a comenzar el 2018 recordando que en España hay presos políticos por defender sus ideas”.
Junqueras se mantendrá entonces en prisión preventiva tras presentar junto a su abogado los argumentos en defensa de su libertad, donde expuso que su “compromiso con el civismo y la paz” no concuerdan con los «actos violentos» de los que se le acusa. Luego que los Magistrados de la Sala de Apelaciones del TS, Miguel Colmenero, Francisco Monteverve y Alberto Jorge Barreiro, firmaran el fallo, el Ministerio Público español emitió un comunicado donde afirman que de parte de Junqueras no hubo “ninguna renuncia al uso de vías ilegales para la defensa de su proyecto político”.