La administración de Donald Trump está considerando reabrir centros de detención juvenil para menores migrantes no acompañados, lo que ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y expertos en migración. Esta propuesta surge en un contexto de cambios significativos en las políticas de atención a los niños migrantes, justo cuando está en riesgo un contrato clave que provee servicios legales a estos menores.
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De acuerdo con una solicitud de información publicada recientemente, el gobierno federal busca propuestas para reabrir instalaciones “seguras”, diseñadas para detener a adolescentes de entre 13 y 17 años. Estas instalaciones están destinadas a menores considerados peligrosos para sí mismos o para otros, y su reapertura representaría un cambio importante con respecto a las políticas implementadas durante la administración de Joe Biden, que dejó de utilizar estos centros en favor de instalaciones menos restrictivas.
Simultáneamente, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la entidad responsable del cuidado de estos menores, está evaluando reducir el financiamiento destinado a proporcionar representación legal a los niños migrantes. Esto podría implicar la sustitución de las presentaciones presenciales de «conoce tus derechos» por un video, una medida que ha sido criticada por abogados de inmigración y defensores, quienes temen que estas acciones de la administración Trump socaven las protecciones legales para los menores.
Actualmente, los niños migrantes no acompañados dependen de estos servicios legales para enfrentar procesos judiciales complejos, y la posibilidad de obtener alivio migratorio es mucho más alta para aquellos con representación. Las cifras del Departamento de Justicia muestran que el 7% de los niños con abogados logran obtener algún tipo de protección, en contraste con una fracción mínima de aquellos que no tienen representación.
Las instalaciones conocidas como “seguras” han sido duramente criticadas por organizaciones de derechos humanos, que las describen como centros que facilitan el maltrato y el trauma infantil. Según expertos, estas instalaciones no son adecuadas para atender a menores que han sufrido violencia o abuso en sus países de origen.
A pesar de las críticas, la administración Trump argumenta que estos cambios son necesarios para prevenir la trata de personas, señalando que algunos menores han sido explotados laboralmente bajo el cuidado de patrocinadores. Sin embargo, la entrega de información sensible al Departamento de Seguridad Nacional sobre los adultos que patrocinan a los niños ha provocado temores de deportaciones masivas, lo que podría disuadir a posibles patrocinadores de ofrecer su ayuda.
El posible regreso de estas instalaciones de detención y la reducción de servicios legales son vistas como parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para endurecer las políticas migratorias en su segundo mandato. Estos cambios, junto con propuestas como la transferencia de la ORR al Departamento de Seguridad Nacional, subrayan la intención de utilizar a esta oficina como parte de los mecanismos de control fronterizo.
Los próximos meses serán críticos para definir el futuro de estas políticas, mientras las organizaciones de derechos humanos y los defensores de migrantes se preparan para enfrentar lo que consideran un retroceso en las garantías para los niños migrantes.
Foto: Redes
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