El presidente Donald Trump ha dado un paso más en su ofensiva contra la migración irregular al ordenar la militarización de más de 1.000 kilómetros del corredor fronterizo con México, una medida que ha encendido alarmas entre expertos legales, defensores de derechos humanos y analistas políticos por su posible carácter inconstitucional y su deriva autoritaria.
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La franja conocida como la Reserva Roosevelt —una estrecha zona de seguridad de apenas 18 metros de ancho que atraviesa California, Nuevo México y Arizona— será colocada temporalmente bajo control militar. Según el memorándum firmado por Trump y publicado por la Casa Blanca, la medida permitirá instalar barreras, sistemas de vigilancia y desplegar tropas bajo la lógica de que cualquier cruce no autorizado podría interpretarse como una intrusión en una instalación militar.
La decisión recuerda al polémico despliegue del muro fronterizo durante su primera presidencia, cuando Trump ya utilizó esta zona con estatus legal especial para sortear procesos de adquisición de tierras y acelerar su agenda migratoria.
“El sur de nuestra frontera está siendo atacado”, afirma el documento oficial, en un lenguaje marcadamente alarmista que busca justificar la creciente militarización de un problema esencialmente civil. Como parte del plan, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tiene 45 días para presentar una evaluación inicial que podría derivar en una intervención aún mayor.
Pero los cuestionamientos no se han hecho esperar. Aaron Reichlin-Melnick, integrante del Consejo Americano de Migración, denunció la medida como una “locura de estrategia” que podría vulnerar la ley Posse Comitatus, que restringe severamente el uso del ejército en funciones de seguridad interna. “La frontera no es una zona de guerra”, advirtió en un mensaje publicado en la red X.
El giro más preocupante, sin embargo, es la posibilidad de que Trump invoque la Ley de Insurrección de 1807 —una norma excepcional y arcaica— para autorizar el uso de tropas contra migrantes en territorio nacional. Ya ha solicitado a los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional que presenten recomendaciones sobre su aplicación antes del 20 de abril, abriendo la puerta a una política de deportaciones masivas ejecutada por militares.
Aunque la Casa Blanca ha destacado que los cruces irregulares han disminuido drásticamente —7.200 contactos con migrantes en marzo frente a los 189.000 del mismo mes del año anterior—, la medida parece menos una respuesta a una crisis real que una jugada política para fortalecer su imagen de mano dura y desviar la atención de otros frentes de su administración.
Organismos de derechos humanos han advertido que este tipo de estrategias no solo deshumanizan a quienes migran, sino que también sientan peligrosos precedentes para el uso del poder militar dentro de las fronteras del país. La línea entre seguridad y represión, advierten, se vuelve cada vez más difusa.
Foto: Redes
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