La población inmigrante vuelve a recibir un duro golpe por parte del gobierno de Donald Trump. Desde el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunciaron el fin del Estatus de Protección Provisional (TPS en inglés) para la población salvadoreña. Esto significa que cerca de 200.000 inmigrantes deberán dejar el país antes de septiembre de 2019.
El Estatus de protección Provisional, a cuál se suscriben 10 países, permite a los inmigrantes mantenerse dentro de la legalidad en suelo norteamericano, cuando las condiciones de sus propios países no les permite regresar de forma segura. En el caso de El Salvador, el acuerdo tiene vigencia desde 2001. En ese momento y tras dos terremotos el gobierno estadounidense decidió abrir las puertas y regularizar los papeles a los miles de salvadoreños que llegaron al país. La gestión actual, considera que los daños del terremoto ya fueron superados y no suponen un problema mayor.
La población haitiana en Estados unidos también fue afectada por esta situación. De acuerdo con una resolución tomada en noviembre de 2017, alrededor de 60 mil haitianos deberán volver a su país o encontrar la manera de regularizar su situación antes de julio de 2019.
Lentamente Donald Trump comienza a hacerse cargo de las promesas de campaña en torno a los inmigrantes. Además de los países anteriormente mencionados, se ven afectados con el fin del TPS Nicaragua y Honduras.
Cabe mencionar que entre un 70 y 83% de la población migrante que goza del beneficio, se encuentran empleados, por lo que se consideran como miembros integrales de la economía estadounidense. Además de ello, cerca de 275.000 niños han nacido en suelo norteamericano en el marco de los TPS.
La situación ha generado preocupación no solo inmigrante. En distintos estados la ciudadanía se ha manifestado en contra de la medida. Expertos también se pronunciaron respecto al tema. Este lunes en entrevista con CNN en Español, el abogado Jorge Rivera, afirmó que la cancelación de TPS sería “contraproducente” para Estados Unidos y que “empeora la situación en Latinoamérica”.
La medida de Trump es cuando menos preocupante. En caso que el Congreso estadounidense no apruebe una ley que regule la situación de miles de inmigrantes, estos deberán abandonar el país y retornar a contextos más hostiles o vulnerables. De asumir la ilegalidad como condición, estos deberán someterse a precarias condiciones de vivienda, educación y salud.
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