El reciente decreto del expresidente Donald Trump, en el que ordena «restaurar» la pena de muerte en Estados Unidos, ha generado un intenso debate no solo en torno a la justicia penal, sino también en cuanto a los derechos humanos y la ética de la pena capital. Con una retórica dura y populista, Trump justifica esta restauración como un mecanismo «esencial» para castigar a los criminales más peligrosos, pero sus argumentos ocultan cuestiones más profundas sobre el sistema judicial y la aplicación selectiva de la pena de muerte.
También puedes leer: Recalibran Trump y Homan el estreno de razias masivas contra comunidades inmigrantes en la Unión Americana
El decreto firmado por Trump hace un uso deliberado de descripciones extremas para justificar una política que ha sido criticada por organismos internacionales de derechos humanos. Calificar a los condenados a muerte como «los violadores, abusadores de menores y asesinos más viles y sádicos» no solo deshumaniza a los individuos involucrados, sino que también busca polarizar el debate, evadiendo cuestiones más amplias sobre las fallas del sistema de justicia penal y las inequidades raciales y económicas en la aplicación de la pena capital.
En lugar de avanzar hacia una justicia más humana, el decreto de Trump representa un retroceso a las políticas punitivas del pasado, ignorando las evidencias que demuestran que la pena de muerte no disuade el crimen de manera efectiva. Estudios realizados por expertos en criminología han señalado que no existe correlación entre la implementación de la pena capital y la reducción en los índices de crímenes violentos, lo que sugiere que el argumento de la disuasión es más un recurso retórico que una política basada en datos.
Además, el énfasis en los «fármacos para las inyecciones letales» revive uno de los aspectos más controvertidos de la pena de muerte en EE.UU.: la falta de transparencia en los procedimientos y la escasez de productos químicos necesarios, lo que ha derivado en ejecuciones fallidas y dolorosas. Los intentos anteriores de Trump por forzar la reanudación de las ejecuciones federales se enfrentaron a críticas de organismos de derechos humanos, que calificaron estos métodos como inhumanos y crueles.
Otro de los puntos más preocupantes del decreto es su carácter discriminatorio, al ordenar la aplicación de la pena de muerte para los extranjeros que cometan delitos capitales, particularmente aquellos que residan ilegalmente en el país. Esta disposición no solo es xenófoba, sino que también evidencia el enfoque de Trump de utilizar la política criminal como un arma para reforzar su agenda antiinmigrante.
Es alarmante que el decreto también mencione el asesinato de un agente de la ley como un agravante en los casos de pena capital, lo que podría interpretarse como una protección selectiva a ciertos grupos, mientras que otros, como las comunidades afroamericanas y latinas, que históricamente han sido desproporcionadamente afectadas por la pena de muerte, siguen enfrentando un sistema judicial sesgado en su contra.
La restauración de la pena de muerte bajo la administración de Trump no solo desafía el consenso internacional en materia de derechos humanos, sino que también deshace los avances realizados bajo el mandato de Joe Biden, quien conmutó las penas de 37 condenados a muerte. Biden, al tomar esa medida, reconocía que el sistema de pena capital estadounidense está viciado por errores judiciales y sesgos, a menudo condenando a inocentes o a aquellos que no recibieron un juicio justo. Revertir estas acciones en nombre de la «justicia» refleja una mentalidad que prioriza la venganza sobre la rehabilitación y la equidad.
La decisión de Trump, aunque envolvente en un discurso de «seguridad» y «protección», expone una política profundamente divisoria y violatoria de los derechos fundamentales. El retorno de la pena de muerte no es una solución eficaz ni ética para los problemas de criminalidad en EE.UU., sino una muestra de cómo la política punitiva puede ser utilizada como herramienta electoral, en detrimento de los principios democráticos y humanitarios que debería defender una nación que se autoproclama defensora de la libertad y los derechos humanos.
Foto: Redes
Recuerda suscribirte a nuestro boletín
📲 https://bit.ly/3tgVlS0
💬 https://t.me/ciudadanomx
📰 elciudadano.com
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
