La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela pidió la extradición de la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien reside en Colombia, y del exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, quien se encuentra en España.
Ortega, fiscal general entre 2007 y 2017, es requerida para ser juzgada en Venezuela “por su presunta participación en los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, uso de documento público falso, uso de sello falso, ocultación y retención, falsa denuncia o acusación y asociación”, dice el texto.
TSJ declara procedente solicitar a Colombia extradición de exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz https://t.co/7AL9Qwat3i pic.twitter.com/qHcOYX8NMc
— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) August 17, 2018
Ortega, una abogada muy cercana al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) fue destituida de su cargo el 5 de agosto de 2017 en la primera sesión de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Poco después, Ortega salió del país y desde entonces se ha dedicado a denunciar al gobierno de Maduro ante diferentes instancias como la Corte Penal Internacional.
Rafael Ramírez también
La Sala de Casación Penal del TSJ “declaró procedente la solicitud de extradición activa al Reino de España del ciudadano Rafael Ramírez Carreño para ser sometido a un proceso penal (…) por su presunta participación en los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación”, dice otro comunicado de la corte suprema divulgado a través de Facebook.
Ramírez, quien fue también del círculo más estrecho del chavismo -ministro de Petróleo entre 2002 y 2013 y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela entre 2004 y 2013-, está acusado de haber montado supuestamente una red de corrupción para modificar el precio de venta del crudo venezolano a cambio de comisiones que le habrían causado al país pérdida por 4.800 millones de dólares.
Más temprano, el TSJ dio curso a pedidos de extraditar desde Colombia al diputado opositor Julio Borges y a los ciudadanos Rayder Alexander Russo Márquez, Oswaldo Valentín García Palomo, Elvis Arnaldo Rivas Barrios y Carlos Monasterio, todos acusados por las autoridades de estar implicados en el atentado con drones del 4 de agosto contra el presidente Nicolás Maduro.
El TSJ también dio curso a pedidos de extradición desde Estados Unidos de Josser López Valero, Osman Delgado y Virginia Antonieta Da Silva-Pío, y desde Perú de Yilber Escalona.
Se imputa a estos solicitados por la justicia venezolana de los delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio del presidente y de siete oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y asociación para delinquir