25 ambientalistas asesinados en 2024 por defender el territorio en México

En 2024, fueron asesinados 25 defensores del medio ambiente y los territorios en México, un aumento del 25% respecto al año anterior, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). Esta alarmante cifra convierte al país en uno de los más peligrosos del mundo para las personas que luchan por la naturaleza y sus comunidades.

Del total de asesinatos, 21 fueron homicidios y cuatro ejecuciones extrajudiciales, implicando directamente a agentes del Estado. Itzel Arteaga San Germán, abogada del Cemda, advirtió que esta cifra es la segunda más alta en la última década, solo superada por los 29 asesinatos registrados en 2017.

El Estado mexicano fue el principal perpetrador de agresiones contra defensores ambientales, responsable de 62 de los 94 eventos violentos documentados. En menor medida, también participaron empresas privadas (25) y el crimen organizado (17). Las comunidades indígenas y rurales son las más vulnerables: 43 agresiones se dirigieron directamente contra sus miembros.

Desde 2014, Cemda ha documentado 189 asesinatos de personas defensoras, cifras que coinciden con las reportadas por Global Witness, organización que posiciona a México en el cuarto lugar mundial en violencia contra ambientalistas.

Gustavo Alanís, director del Cemda, exigió a las autoridades fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, clave para cumplir con el Acuerdo de Escazú, el cual obliga a los Estados firmantes —entre ellos México— a garantizar justicia y seguridad a quienes protegen el medio ambiente.

Durante la presentación del informe, activistas compartieron sus vivencias. Wilbert Alfonso Nahuat Puc, comisario de Santa María Chi, Yucatán, denunció la represión por defender a su comunidad de la contaminación de la industria porcícola. “Nos criminalizan por cuidar el agua y la tierra”, declaró.

Por su parte, Juana Inés Ramírez Villegas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas del Istmo de Tehuantepec, relató que ella y otros 23 compañeros enfrentan procesos judiciales por oponerse a la expansión del Corredor Interoceánico, un megaproyecto impulsado por el gobierno.

Mariana Boy, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, aseguró que se han destinado recursos para fortalecer la institución y avanzar en políticas públicas como la reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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No obstante, organizaciones sociales insisten en que las respuestas del Estado siguen siendo insuficientes frente a la violencia sistemática y demandan un cambio estructural en el modelo de desarrollo, que actualmente privilegia intereses económicos sobre los derechos de los pueblos.

Fotografía: Redes

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