Américo Saldívar, ex profesor de La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el martes pasado expresó en La Jornada nacional que las universidades públicas (agrega que también las privadas) “en tanto (son) un bien público y de interés general nacional deben estar involucradas en los procesos de transformación y democratización que el país requiere, evitando los privilegios y los sueños de considerarse una torre de marfil”.
La opinión del ameritado profesor surge del avispero que golpeó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las universidades, los caciques universitarios y la derechización de la UNAM. Ciertamente es necesario abordar el tema no solo sobre el manejo de los recursos públicos que se destinan a las instituciones de educación superior, sino a los proyectos de transmisión del conocimiento, su aplicación en el entorno estatal, regional, nacional y de la demanda de investigación y docencia internacional; pero los contenidos deben tener una orientación crítica, sin caer en la ideologización como a las que sometieron a la BUAP, la Universidad de Sinaloa o la Universidad de Guadalajara (U de G). Como sostiene María Amparo Casar “las tareas universitarias no deben juzgarse por criterios ideológicos, sino científicos” (Excélsior 27-X-2021).
El avispero convocó a diversos columnistas que en diarios llamados nacionales han expresado sus puntos de vista, algunos muy interesantes, como el de Carlos Ornelas, quien se ha dedicado a temas educativos, en la edición de Excélsior del miércoles pasado afirmó que el “presidente tiene en su mente a los modelos de ”universidad pueblo” de la Universidad Autónoma de Guerrero o el de la “universidad crítica, democrática y popular” de la Universidad Autónoma de Puebla”.
“O el de la Universidad Autónoma de Sinaloa -cuya ala más radical se autocalificó de “enfermos” para honrar el texto de Lenin de La enfermedad del izquierdismo en el comunismo. Estos designios de cambios florecieron en el post 68 y estaban en apogeo cuando AMLO era estudiante de la UNAM”.
“Otras instituciones, como la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Autónoma de Zacatecas se acercaron a los modelos de reforma universitaria antiestatal. Entre las premisas que postulaban se encontraban la gratuidad, “nada de cuotas”, no rechazados, pase automático para egresado de bachillerato y, en general, un ambiente antiintelectual, con excepción de la UAP, que en sus años de auge logró que el gobierno y el Congreso de Puebla le antepusieran del adjetivo de Benemérita”.
Considera Carlos Ornelas que AMLO contra la UNAM “anticipa la ejecución de un proyecto para impulsar un modelo que, si no replica en sus términos a los de los años 70, sí lo evoca. Con una contradicción, los militantes de aquellas intenciones de mudanza institucional eran defensores férreos de la autonomía universitaria. López Obrador va contra ella.”
Casi al finalizar su trabajo, Ornelas aborda la presentación de un libro titulado: “Concepción y Ruta Crítica para el Proceso de Reforma de la Universidad Autónoma de Zacatecas”. En la presentación estuvieron el gobernador zacatecano, David Monreal, y el subsecretario de Educación Superior, Luciano Contreras.
¿Será ese documento la propuesta de AMLO? Ya lo veremos, por lo pronto, el miércoles 27 del presente el presidente admitió otro tema de singular importancia para la vida universitaria: el presupuesto, “justo por eso el ejercicio de la transparencia presupuestal universitaria es importante”.
Hablando de transparencia, una de las preocupaciones de Andrés Manuel López Obrador, del adecuado manejo de los fondos otorgados a las universidades. La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, señaló que la institución que preside debe ser ejemplar en el manejo de los recursos. El aserto rectoral se hizo en la inauguración del primer curso de capacitación al personal del Departamento de Adquisiciones, Proveeduría e Inventarios. Felicitaciones, podría agregarse y señalarse que es deseable las auditorías constantes en todo el cuerpo administrativo de la BUAP, pero sin encomienda alguna y aquí cabe evocar un hecho:
A una auditora, el contralor general Héctor Granados Rodríguez, instruyó auditar hasta lo más recóndito el manejo presupuestal del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, con ánimo de molestar a quien presidía ese instituto; como la presión era constante para los fines aviesos del contralor, la persona designada a la auditoría prefirió renunciar al empleo.