Un permiso de operación por más de 90 años, la insuficiencia en el suministro, falta de saneamiento y la creación de otras figuras jurídicas con nombres similares, son algunas de las irregularidades que comete la empresa Concesiones Integrales SA de CV, mejor conocida como Agua de Puebla para Todos.
Así lo denunciaron activistas y colectivos de la entidad al participar en el primer «Foro Poblano por la Defensa del Agua«, en dónde se exhibió la crisis ambiental que enfrenta el estado, en especial por la contaminación de los ríos, la escasez del vital líquido, la protección a las empresas y la falta de áreas verdes.
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En su participación, el abogado Omar Jiménez Castro informó que derivado de las demandas de amparo que ha promovido en contra de Agua de Puebla, pudo documentar algunas inconsistencias en el funcionamiento de la firma.
Destacó que en el instrumento notarial que usó la empresa para evitar los juicios, se detalla que la concesión de la empresa será por 99 años, y no de 30 años, como algunas autoridades municipales y estatales han asegurado.
Además, dijo, en mayo del 2014 se realizó una modificación estatutaria para crear una figura jurídica llamada «Concesiones Integrales SAPI SA de CV«, lo que hace que al demandar al apoderado legal estas sean improcedentes.
Lamentó que la empresa realice campañas de persecución en contra de algunos usuarios, mismas que son apoyadas por líderes de colonias que se dedican a crear miedo entre los usuarios y los obligan a pagar supuestos adeudos a cambio de una comisión.
Por su parte, Néstor López Espinoza y Ana Lluvia García Vilchis, integrantes de la Colectiva Por el Bienestar Social, señalaron que promovieron una denuncia colectiva en contra de Agua de Puebla y del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), por incumplir en las actividades de saneamiento de agua, a pesar de que cobran por ese servicio.
Añadieron que buscarán realizar una consulta ciudadana para que la población conozca los abusos ambientales que han cometido las empresas nacionales y transnacionales, que han derivado en deforestación, contaminación del Río Atoyac y enfermedades crónicas, como el cáncer.
En tanto, el activista Gerardo Pérez Muñoz llamó a los diputados locales a revisar la concesión de Agua de Puebla para revocarla, al incumplir con sus obligaciones; así mismo exigió a los integrantes del Congreso de la Unión la expedición de una nueva Ley General del Agua, para que se pueda garantizar este derecho humano.
«No importa si son de Morena, del PRI, del PAN. Lo primero que hay que hacer es presionar a los diputados federales para que realicen reformas, porque hasta ahora no se ha legislado en la materia y lo que se ha hecho abona a la privatización y le da prioridad a las mineras».
Gerardo Pérez Muñoz
Activista
Foto: Agencia Enfoque