Activistas exigen revocar la concesión a Agua de Puebla

Por Anaid Piñas

A pesar de que la cita era a las 11:00 horas de este domingo 12 de septiembre, desde las 10:45 se podía observar a los integrantes del Frente en Defensa del Agua y de la Asamblea Social del Agua (ASA), llegar a las inmediaciones del Congreso del Estado de Puebla.

Al unísono, las voces de los casi 30 asistentes lanzaban consignas como «El agua es un tesoro que vale más que el oro», “el agua no se vende, se ama y se defiende” mientras esperaban a que más activistas y simpatizantes se sumaran a su lucha.

Casi 25 minutos después, apoyados con un equipo de audio guardado en un vehículo, inició el discurso en voz de Gerardo Pérez Muñoz, activista oriundo de Huauchinango, quien recordó que van 8 años de la privatización del agua en Puebla por parte de la empresa Concesiones Integrales (Agua de Puebla), que inició en la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle.

Entre las principales peticiones que realizó se encuentran:

• La revocación de la concesión a Agua de Puebla
• Eliminar la “Ley Moreno Valle del agua” para elaborar una nueva ley involucrando a las autoridades estatales, a los legisladores a los pueblos originarios y a los activistas
• También exigieron que se homologuen criterios para que a nivel nacional se apruebe la Ley general del agua, misma que lleva 9 años detenida.

Acusan desatención del tema

Gerardo Pérez Muñoz, activista oriundo de Huauchinango, lamentó que la LX legislatura tuvo la oportunidad de legislar en favor de la protección del agua para declararla un bien público, un bien común; sin embargo, dejaron pasar el tema y presumieron mejoras en la materia que no son comprobables.

Luego tomó el micrófono María Eugenia Ochoa, quien denunció que la privatización del agua se hizo en lo oscuro y a espaldas del pueblo. Con un tono claramente molesto recordó que la decisión de ceder las concesiones para la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento de Agua de Puebla fue secundada por el presidente municipal electo Eduardo Rivera Pérez, pero hasta la fecha, a pesar del cambio de funcionarios, tampoco se ha avanzado en el tema de desprivatización y mejoramiento del servicio.

«No tenemos suficiente agua, cae por goteo, hay colonias en las que cae sólo una vez a la semana y apenas tres horas. Se han incrementado las tarifas en más del 500 por ciento. La empresa no ha invertido en saneamiento del agua ni en infraestructura»

María Eugenia Ochoa

Suman voces ciudadanos y activistas

Después comenzaron a hablar ciudadanos y activistas provenientes de otros municipios del estado, entre ellos el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental, el Frente de Pueblos de la Mixteca-CNPA, el Colectivo Ambiental Diente de León, el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Puebla-Hidalgo, así como un defensor de la tierra de Tlaxcala.

Uno a uno, exhibieron los abusos que los funcionarios públicos del gobierno estatal actual, así como los integrantes de las administraciones anteriores, han cometido en su contra, por lo que responsabilizan al gobernador Miguel Barbosa Huerta y a los integrantes del Congreso de Puebla, de ser omisos ante las necesidades y peticiones de los ciudadanos.

“Moreno Valle era destructor, asesino, ladrón y de todo tenía, y no se atrevió a legalizar lo ilegal y la diputada Nora Yessica Merino Escamilla sí se atrevió: legalizó los corte de agua y de drenaje. (…) Hace unos días, en rueda de prensa dijo que la LX Legislatura pasó a la historia como la mejor porque se prohibieron los cortes de agua. Necesitas ser caradura para hacer eso”

Un problema grave para la salud

Denunciaron que el problema de privatización de agua se extiende más allá de la carencia del servicio o los cortes de agua, pues en el contexto de la pandemia de Covid-19 las arbitrariedades de Agua de Puebla representaron un riesgo sanitario para los habitantes de Puebla.

Los activistas enfocados en el campo levantaron la voz y explicaron, en medio de su frustración, que debido la falta de cumplimiento de la ley se siguen utilizando cañones antigranizo, utilizados por grandes empresas como Granjas Carroll, Audi e Iberdrola, lo que afecta la actividad agrícola, ganadera y apícola en varias zonas de la entidad.

Todos coincidieron en la falta de disposición política de los tres niveles de gobierno para detener el conflicto del agua, los problemas de contaminación, la sobreexplotación del suelo, temas que han estado presentes en su lucha, mismos que ahora los han convertido en “criminales”, pues varios de ellos presentaron sus citatorios para  acudir a declarar ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por supuestos daños a la propiedad y agresiones cometidas durante sus manifestaciones pacíficas. Zona de los archivos adjuntos.

Fotos: Humberto Aguirre/El Ciudadano

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