¿Adiós a la Transparencia?

La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) es un hecho y representa un punto de inflexión en el panorama democrático de México. Esta institución, que durante dos décadas garantizó el derecho ciudadano al acceso a la información y la protección de sus datos personales, será sustituida en sus funciones por la nueva Secretaría de Combate a la Corrupción. ¿Qué implicaciones tendrá esta reestructuración para los derechos fundamentales de los ciudadanos y la capacidad del Estado de garantizar su protección?

La decisión de eliminar al INAI, junto con otros seis organismos constitucionales autónomos, ha sido justificada por el gobierno federal como un esfuerzo para centralizar funciones y fortalecer la lucha contra la corrupción. No obstante, el riesgo es evidente: cuando se trata de derechos fundamentales, la concentración de atribuciones puede devenir en una debilidad institucional más que en un avance. Si bien la nueva Secretaría promete asumir las funciones del INAI, los artículos transitorios de la reforma que establecen este cambio dejan numerosas preguntas sin respuesta, especialmente en torno a los mecanismos de acceso a la información y protección de datos personales.

Durante su existencia, el INAI no fue, como algunos críticos sugieren, un «estorbo» burocrático. Por el contrario, miles de ciudadanos hicieron uso de sus recursos para obtener datos cruciales sobre el actuar del gobierno, conocer decisiones que afectaban sus vidas y ejercer su derecho a la protección de su información personal. En este contexto, la transparencia no debe verse como una herramienta política, sino como un pilar de la rendición de cuentas. La eliminación de este organismo plantea dudas sobre cómo los ciudadanos podrán continuar ejerciendo estos derechos en un entorno que, al centralizar las funciones de transparencia y protección de datos, corre el riesgo de politizar el acceso a la información y desdibujar los mecanismos de rendición de cuentas.

El primer reto será establecer un sistema que permita a los ciudadanos solicitar información de manera accesible, expedita y eficaz. Sin una estructura clara, existe el riesgo de que la nueva Secretaría de Combate a la Corrupción se vea rebasada por un volumen de solicitudes difícil de gestionar. Esto no solo podría ralentizar el acceso a la información, sino también debilitar el escrutinio público, una herramienta esencial para vigilar al poder. La transparencia, al convertirse en una función de una entidad cuyo objetivo central es la lucha contra la corrupción, podría diluirse o quedar subordinada a otras prioridades políticas, lo que pondría en riesgo su autonomía e independencia.

Otro desafío crucial radica en la protección de los datos personales. El manejo de información sensible de millones de ciudadanos no puede ser tratado con ligereza. Desde su creación, el INAI desempeñó un papel fundamental al regular, proteger y garantizar el uso adecuado de los datos personales. En el nuevo esquema, la Secretaría de Combate a la Corrupción deberá diseñar y ejecutar protocolos de protección de datos que sean sólidos, transparentes y confiables. Pero, ¿cómo asegurar que esta nueva institución esté capacitada para enfrentar las amenazas modernas a la privacidad, como el ciberespionaje y las filtraciones masivas, si sus responsabilidades se multiplican?

La elaboración de nuevas leyes para regular el acceso a la información y la protección de datos personales será indispensable. Estas leyes deberán ser claras, precisas y contar con la participación de expertos, sociedad civil y ciudadanía en su diseño y aplicación. De lo contrario, corremos el riesgo de ver la protección de nuestros derechos retroceder a una época de opacidad, donde la información era privilegio de unos pocos y el control sobre los datos personales, una simple formalidad.

Al mismo tiempo, es fundamental evitar que el nuevo organismo se convierta en un instrumento político que controle el flujo de información según las conveniencias del poder en turno. La autonomía, lejos de ser un capricho, era una característica que permitía al INAI operar con independencia y sin presiones políticas. En la nueva realidad, garantizar que la Secretaría actúe de manera imparcial será una tarea monumental, y dependerá no solo del diseño legal que le dé forma, sino también de la voluntad política de sus líderes.

Por ejemplo, que hará cuando la Secretaría de la Defensa Nacional o de Seguridad, la Oficina de la Presidencia o la farmacia del bienestar se nieguen a dar información. ¿De qué lado estará la Secretaría Anticorrupción, del ciudadano o de la burocracia?

El reto más grande que plantea este cambio es asegurar que la nueva Secretaría no caiga bajo el peso de su propio mandato. En su diseño, deberá contemplarse un sistema robusto que permita atender y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información sin comprometer la protección de datos personales. De lo contrario, el riesgo de colapso es real, y con él, la regresión en derechos que tanto costó construir.

Apostar por la desaparición del INAI implica riesgos que solo el tiempo revelará si fueron un acierto o un error. Mientras tanto, los ciudadanos no deben bajar la guardia. Es nuestro derecho y deber exigir que el acceso a la información y la protección de datos sigan siendo pilares de un México más justo, transparente y democrático. Si el Estado fracasa en esta tarea, seremos testigos de un retroceso que afectará no solo nuestras libertades, sino la capacidad de cada ciudadano de exigir cuentas al poder. Y esto, en una democracia que aspira a ser madura, sería inadmisible. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

@onelortiz

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