Afirma Marco Valencia, alcalde electo en Venustiano Carranza, que su familia es víctima del Estado

CIUDAD DE PUEBLA, 27 DE MARZO DE 2025. El presidente municipal electo del municipio Venustiano Carranza, el panista Marco Valencia Ávila, presumió que él y 16 miembros de su familia fueron reconocidas como víctimas del Estado ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

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Esto a raíz de las investigaciones que se llevaron a cabo en la pasado administración estatal por presuntos vínculos con el crimen organizado, en las cuales, aseguró, se hicieron cateos ilegales en propiedades de su familia.

Ante medios de comunicación, el edil electo de Venustiano Carranza afirmó que la Fiscalía en Derechos Humanos ya comenzó con las acciones para reparación de daños, aunque no detalló en qué consisten estas.

Sin embargo, la recomendación 7/23 emitida por la CDH aclara que «Una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la responsabilidad del Estado, consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente«, y también que «al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la Recomendación que se formule a la dependencia pública, debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado, para lo cual el Estado deberá investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

«La Comisión de Derechos Humanos nos dio el estatus de víctimas del Estado, la Comisión Estatal de Víctimas ya nos inscribió en el  registro estatal de víctimas y ya la Fiscalía Especializada en Derechos humanos comenzó a hacer las reparaciones del daño a 16 miembros de mi familia».}

Marco Valencia

Cabe mencionar que la familia de Marco Valencia promovió hace casi cinco años dos quejas ante la Comisión estatal de Derechos Humanos (CDH) por el supuesto hostigamiento de autoridades contra su familia, ya que durante años se les ha relacionado con bandas criminales, incluyendo la Familia Michoacana.

A pesar de ello, entre 2018 a 2020 tuvieron lugar detenciones de miembros de la familia Valencia por parte de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

Entre estas se recuerda la mención en notas periodísticas de la detención por robo de combustible de Ilse Lucía, esposa de Rafael Valencia Martínez, quien fue presidente municipal de Venustiano Carranza hasta 2018.

El cateo que derivó en su detención concluyó con el hallazgo de más de 50 mil litros de hidrocarburo, vehículos de lujo y cartuchos para armas, de acuerdo a la versión de las autoridades reproducida por las notas periodísticas publicadas en su momento.

En ese sentido lo acredita la recomendación 7/23 de la CDH, dirigida al fiscal Gilberto Higuera Bernal, que en su punto 12, recoge la versión del afectado, quien

refirió que dichos servidores públicos, realizaron señalamientos
personales, falsos, sin sustento legal alguno, respecto a él y a su familia, en los cuales
los acusaban de ser miembros de organizaciones criminales tanto del Estado de Puebla
como de Veracruz; acusaciones que a decir de V1, solo constituían meras
apreciaciones personales de los servidores públicos, y adjuntó diversas notas
periodísticas, quienes posteriormente rindieron sus informes respectivos.

La recomendación acredita que a los agraviados (a quienes no menciona por nombre) se les violó el derecho a la legalidad, toda vez que los Agentes de Investigación que catearon domicilios de la familia Valencia adscritos a la Fiscalía del Estado de Puebla «se excedieron en sus funciones», ingresando al domicilio de la familia horas antes de que se liberara la orden de cateo que habría amparado legalmente su ejecución.

Tras este allanamiento de morada, «un integrante debió recibir intervención quirúrgica de tobillo, a consecuencia de los golpes durante el cateo», según reza el informe, entre muchas otras violaciones a los derechos humanos efectuadas por los agentes de la fiscalía, plenamente acreditadas en la recomendación 17/23, que se pueden consultar en el siguiente VÍNCULO

FOTOGRAFÍA: X

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