Los hermanos Margarita, María Elodia y Juan Carlos Jenkins de Landa se asumieron como inversionistas estadounidenses y en esa calidad notificaron al gobierno de México de su intención de reclamar una indemnización por “cientos de millones de dólares” en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del T-MEC.
En el documento, entregado a la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, acusan que tanto ellos como las fundaciones Mary Street Jenkins (FMSJ) y de la Universidad de las Américas Puebla (FUDLAP) son “víctimas de una campaña de represalias” de autoridades federales y estatales.
Te puede interesar: Niega Fundación Jenkins desvío de recursos a través de contrato
La supuesta persecución incluye la toma del campus de la Universidad de las Américas Puebla, que se mantiene desde el 29 de junio, y aseguran que les ha causado «pérdidas significativas» en honorarios legales, daños a la reputación, oportunidades de inversión, pérdidas y propiedades confiscadas.
Piden un arbitraje internacional
Los hermanos Jenkins piden al gobierno federal someterse a un arbitraje internacional en el que diriman «amigablemente» las controversias en negociaciones con representantes del Estado mexicano, o bien, advierten, activarán su reclamo de una millonaria indemnización.
Para interponer este recurso los hermanos, quienes cuentan con al menos dos órdenes de aprehensión, contrataron los servicios del despacho Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, con oficinas en Washington.
También lee: Fundación Jenkins acusa persecución en conflicto de la Udlap
El abogado Carlos Serna, quien ha representado a Guillermo Jenkins de Landa –primogénito de la familia que desde 2013 denunció a sus parientes–, afirma que esta reclamación internacional, además de ser “una tomadura de pelo”, es sólo una patada de ahogado porque sus hermanos Jenkins han ido perdiendo todos los juicios.