El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su sorpresa ante las críticas internacionales a la reforma del Poder Judicial en México. Durante conferencia de prensa matutina, el mandatario cuestionó el involucramiento del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y del representante canadiense, Graeme C. Clark, quienes han manifestado su desacuerdo con la iniciativa.
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López Obrador sugirió que estas críticas podrían tener motivaciones económicas, y señaló que la reforma es un asunto que compete exclusivamente a los mexicanos.
López Obrador aclaró que la pausa en las relaciones diplomáticas, mencionada anteriormente, sólo se refiere a las embajadas de Estados Unidos y Canadá en México, no a los gobiernos de ambos países. El presidente subrayó que la reforma judicial propuesta, que incluye la elección directa de jueces, magistrados y ministros, no debería ser un tema de preocupación para otros países. Señaló que esta medida fortalecería la democracia al permitir una mayor participación del pueblo.
El mandatario cuestionó las declaraciones del embajador Salazar, quien advirtió que la elección directa de jueces podría poner en riesgo la democracia mexicana y afectar la integración económica de América del Norte. López Obrador defendió el proceso democrático en México, donde se eligen por voto directo a diversas autoridades, y cuestionó por qué no se podría hacer lo mismo con los jueces y ministros.
Criticó también el estado actual del Poder Judicial en México, calificándolo de corrompido y controlado por intereses ajenos al pueblo. Como ejemplo, mencionó la reciente controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se discutió un recurso del PAN que intentaba anular una decisión legislativa ya avalada por órganos electorales.
López Obrador argumentó que la Suprema Corte se extralimitó al aceptar este recurso, pues según la Constitución, la asignación de diputaciones plurinominales corresponde al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El presidente cuestionó la competencia de los actores políticos y judiciales involucrados, sugiriendo una falta de conocimiento o un intento deliberado de violar la Constitución.
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Foto: Redes
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