AMLO frente a la encrucijada de los agrotóxicos y cultivos transgénicos

El próximo gobierno, de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México deberá definir, en el caso de los agrotóxico y cultivos transgénicos, si se va colocar del lado de los piden  proteger la semilla criolla o si mantendrán su apoyo a las empresas de organismos modificados.

María Colín Olmos, asesora legal de la organización internacional ambientalista Greenpeace México, denunció que el uso de agrotóxicos y cultivos transgénicos, que violan los derechos de comunidades y contaminan el ambiente, ya presenta consecuencias en la península de Yucatán.

La activista señaló que en el país las medidas de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados (OGM) han fallado o resultan ineficaces para garantizar la salvaguardia de la salud humana, el medio ambiente, la diversidad biológica y la sanidad animal, vegetal y acuícola.

Sustancias tóxicas en Argentina

Hace días, tras la presentación del libro Envenenados, de Patricio Eleisegui, que aborda el tema de Argentina, donde van dos décadas de la implementación de cultivos transgénicos y la aplicación de plaguicidas, señaló que “se ha consolidado como el ejemplo dramático de lo que genera una agricultura industrial y el crecimiento de la frontera agrícola entre ecosistemas y la salud humana. Las sustancias tóxicas han sido encontradas en alimentos, agua, aire, suelo e incluso habitantes de las grandes ciudades que tienen un grado irreversible de contaminación”.

Al respecto, la especialista precisó que es importante ahondar en las características de la práctica agrícola en Argentina, pues “arroja una clave para desarrollar estrategias que nos permitan anticipar el movimiento predatorio de las multinacionales, salvaguardar el requerimiento alimenticio, así como garantizar la seguridad sanitaria en la región”.

Monocultivos y plaguicidas

María Colín añadió que los casos dramáticos del impacto a la salud y medio ambiente que causan los plaguicidas químicos dan cuenta de lo equivocado que es seguir apostando a políticas de apoyo a monocultivos dependientes de agroquímicos y transgénicos bajo control de transnacionales.

“Hay que crear las condiciones para sacar del mercado los plaguicidas altamente peligrosos, especialmente los prohibidos en otros países, a la vez que promueva alternativas agroecológicas en un diálogo de saberes con las organizaciones de productores, academia y organizaciones no gubernamentales”.

Colín Olmos puso en contexto lo que sucede en la región maya de la península de Yucatán: “Es un caso que ya presenta consecuencias palpables por la implementación del modelo de agricultura industrial, basado en transgénicos y cócteles de plaguicidas».

“Lo que vemos son nulos, escasos o insuficientes mecanismos de inspección y vigilancia, y laxitud en las sanciones penales y administrativas a funcionarios que se abstienen de aplicar la ley, y para aquellos que la emplean a modo, o a los agricultores que han admitido sembrar cultivos genéticamente modificados de manera ilegal”, puntualizó la activista.

Ese escenario de ilegalidad, muchas veces avalado e incluso fomentado por las autoridades nacionales, beneficia los intereses de las empresas agroindustriales, en este caso del gigante Monsanto, denunciado ante un Tribunal Internacional de Conciencia en octubre de 2016 en La Haya, y en el reciente Foro Económico Mundial de Davos.

A ese listado de ilegalidades se suma la carencia de información y la enorme opacidad de la actuación gubernamental, además de una serie de obstáculos para su acceso por parte de la población en general, en particular, a las comunidades mayas, aun cuando son afectadas directas por la siembra ilegal de soya genéticamente modificada.