Aplazan designación de Consejo Ciudadano para búsqueda de desaparecidos en Puebla

El diputado de Morena, Eduardo Castillo, aclaró que los nombramientos podrían desahogarse en sesiones extraordinarias

Anaid Piñas

14/12/2021 1:30am

Esta semana no podrá resolverse la designación de los integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal y de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, así lo anunció Eduardo Castillo López, presidente de la Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla.

Lo anterior, pese a que el pasado 7 de diciembre se había señalado que se tenían que escoger a los comisionados, por ello Castillo López aclaró que los diputados retrasaron su nombramiento, pero será abordado durante el primer periodo de labores, mismo que concluye el 31 de diciembre.

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El también legislador de Morena resaltó que los nombramientos podrían desahogarse en sesiones extraordinarias, a través de comparecencias.

Castillo López señaló que “hubo una gran participación” y se recibieron 18 solicitudes para formar parte de la Comisión de Búsqueda de Personas, 10 de ellas son familiares de personas desaparecidas y los ocho restantes corresponden a especialistas en la materia.

En entrevista, el morenista justificó quitar de la orden del día el dictamen para designar a los comisionados con el fin de “tener más tiempo para escuchar y analizar todos los perfiles”.

El diputado de Morena dijo que analizarán todos los perfiles a fondo.

Negó que existieran aspirantes que fueran recomendados por algún diputado o institución del gobierno, tampoco se recibieron propuestas por parte de organizaciones. Debido a la sensibilidad del tema, les pidió a los legisladores no politizar esta designación en ningún momento.

Recordó que los aspirantes son conscientes de que este tipo de cargo no tendrá ninguna clase de remuneración.

El Consejo Ciudadano del Sistema Estatal y de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado estará integrado por dos familiares de personas desaparecidas o no localizadas, dos especialistas y dos representantes de organizaciones de la sociedad civil enfocadas en derechos humanos.

Sus integrantes permanecerán en el cargo por tres años, período en el que no podrán desempeñar ningún cargo público.