Fue durante la madrugada cuando se aprobó la ley minera, una iniciativa alterna a la del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los cambios más notables es el tiempo de las concesiones, se establece un máximo de 80 años.
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La propuesta, avalada con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención, reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones mineras, con la posibilidad de prorrogarlas 25 años más y al término de ese plazo, la minera tendría preferencia para otros 25 años improrrogables.
Por lo anterior, la duración total de la concesión podría alcanzar 80 años y no los 100 que prevé la actual legislación.
Con estos cambios, se cambia la denominación de ley minera a ley de minería, deja a un lado las actividades de exploración como reservadas al Estado, para celebrar un convenio de colaboración con particulares para incrementar la explotación y posibilitar el reúso de las aguas de laboreo. También permite concesiones en reservas mineras por decreto presidencial.
También se amplía a 80 años la vigencia de la concesión de agua para la actividad extractiva, cuando se plantaba inicialmente cinco años, cuando se podía renovar la vigencia del permiso
La propuesta presidencial buscaba impedir depósitos de desechos en jales y presas en áreas naturales protegidas, humedales, vasos o cauces federales, o en zonas que pudieran generar riesgos para la población, y se fijaba como límite un año para su remoción. Con los cambios promovidos por Morena, sólo se obligaría a su traslado si la autoridad puede comprobar el riesgo.
El documento inicial proponía cancelar las concesiones en caso de riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño o deterioro irreversible a los recursos naturales, contaminación con repercusiones peligrosas, Morena aminoró las sanciones.
Avaló que se dé oportunidad a las compañías de remediar los daños en un periodo de tres meses, “con el apercibimiento de que, de no hacerlo”, la concesión se suspenderá seis meses para la reparación del daño, y en caso de que no, se cancelaría.
También, elimina la suspensión del derecho de obra si las empresas no cuentan en cada mina con un ingeniero responsable de seguridad.
Con información La Jornada
Foto: Archivo El Ciudadano
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