Diputados del oficialismo y sus aliados avalaron este martes por la noche penas de 10 a 15 años de cárcel por “la elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas”.
La iniciativa generó un fuerte debate entre los legisladores, luego que ARENA señaló que esta atenta contra la libertad de prensa.
La aprobación se dio durante una nueva jornada legislativa marcada por la aprobación exprés de tres peticiones promovidas desde el Ejecutivo como parte de sus acciones contra dichos grupos criminales. Con 63 votos, los diputados aprobaron la reforma al Código Penal para incorporar el artículo 345-C, y así establecer dichos castigos, los cuales incluyen a medios de comunicación.
El artículo quedó establecido de la siguiente manera:
El que elaborare, participare en su elaboración, facilitare o fabricare, textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual en bienes inmuebles de uso público o privado, que explícita o implícitamente transmitan mensajes, señales, denominaciones, propagandas, o cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones, o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas, y en especial las que tengan como finalidad aludir a control territorial de dichos grupos o a transmitir amenazas a la población en general, será sancionado con pena de prisión de diez a quince años.
En igual sanción incurrirán quienes, por medio del uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales, reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico a la población en general.
En medio de la discusión advierten sobre “mordaza”
Mientras diputados de Nuevas Ideas y afines argumentaban que estaban aprobando “nuevas herramientas legales” para que el gobierno combata a las pandillas, el diputado de ARENA, Rodrigo Ávila, propuso que se convocara en medio de la plenaria a la Comisión de Legislación para que estudiara la enmienda, pero este no tuvo eco.
El diputado cyan, Caleb Navarro respondió con sarcasmo: “Yo le digo a la oposición, si quieren más análisis o que hagamos una lluvia de ideas, yo creo que lo van a hacer sólitos ellos con los cuatro del FMLN, para darle un poco más de sentido como dicen. Estamos hablando de un tema serio”.
No obstante, René Portillo Cuadra, diputado de ARENA, advirtió que con la modificación “hay una clara violación al derecho de prensa y libertad de información. Esto no se trata de los medios de comunicación sino de un derecho titulado por la Constitución y leyes internacionales suscritas por nuestro país».
El legislador de GANA, Guillermo Gallegos, negó que se violenten derechos fundamentales. “Desgraciadamente hay medios, personas que por querer lucirse o porque son a fines a las pandillas a través de estos medios de comunicación, ya sea electrónicos, radiales o de otro tipo se dan a la tarea de estar publicando pintas alusivas a los grupos terroristas. No vayan a decir los defensores de los terroristas que se quiere restringir la libertad de expresión, porque eso es mentira”, dijo.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) “expresó preocupación” ante las reformas que calificó como “mordaza”, pues señala que «amenazan con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre una realidad que desde la actual administración obsesionada con la propaganda y tergiversación, se busca esconder».
«Desde la APES consideramos estas reformas como un claro intento de censura a los medios de comunicación. Prohibir al periodismo la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad. No mencionar a las pandillas, tampoco las hará desaparecer», señala el gremio.
Marcela Galeas, abogada penalista, cuestionó en Twitter las enmiendas que considera van encaminadas «contra la libertad de prensa e información».
«Informar no es sinónimo de apología del delito, criminalizar un acto propio del ejercicio periodístico no evita la comisión delictiva de las estructuras de crimen organizado, sino que dirige el poder punitivo del Estado en contra de la libertad de prensa e información», señaló Galeas.
José Miguel Vivanco, exdirector para las Américas de Human Rights Watch, también se pronunció sobre las modificaciones penales aprobadas.
«¿Si las pandillas revelan pactos o negociaciones clandestinas con el gobierno de turno y los medios lo publican, arriesgan años en prisión simplemente por informar? Lo que se quiere es la autocensura. Vivimos en el reino de populistas autoritarios y populares. Una desgracia», escribió Vivanco en Twitter.
Las otras dos iniciativas
Los diputados también aprobaron con 64 votos reformas a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal para “declarar ilegal los textos, grafitis o pinturas, diseños o cualquier forma de expresión visual que transmita mensajes relacionados a las agrupaciones criminales”.
En la modificación a esta normativa, el gobierno solicitó que se adicione al artículo 1 un inciso tercero y un cuarto, los cuales quedan de la siguiente manera:
«Asimismo, se declaran ilegales los textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual, plasmada en propiedad pública o privada, que explícita o implícitamente transmiten mensajes relacionados a las diferentes agrupaciones, o asociaciones criminales a las que se refiere el presente artículo, y en especial las que tengan como finalidades la de aludir al control territorial de dichos grupos o o transmitir amenazas o lo población en general. De igual manera queda prohibido a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población».
Mientras, con 63 votos avalaron la Ley Especial para la Disposición y Utilización de los Bienes, Dinero, Valores y Activos Incautados a las Estructuras de Crimen Organizado, Terrorismo y Narcotráfico.
Las tres iniciativas impulsadas por el presidente Nayib Bukele a través del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ingresaron con dispensa de trámite durante la plenaria de este martes en la Asamblea Legislativa, es decir se aprobaron sin pasar a estudio por la comisión respectiva.
Con información de El Salavador
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