Armenta expresa respeto a Lydia Cacho y ofrece lucha a favor de la justicia

La periodista Lydia Cacho tiene abiertos los brazos del gobierno para impulsar desde Puebla cualquier lucha a favor de la justicia, declaró el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien expresó respeto y admiración hacia su trabajo.

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El próximo titular del Poder Ejecutivo declaró que el proceso judicial que la también escritora mantiene en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, es ajeno a su trabajo, y aseguró que no tuvo injerencia en la reciente liberación del político poblano, quien se encontraba en la cárcel del Altiplano por el delito de tortura contra Lydia Cacho.

Señaló que su vínculo con Mario Marín, tras haber sido funcionario de su administración, fue una retórica que se dio durante la pasada campaña electoral con la finalidad de perjudicarlo en la pelea por la gubernatura de Puebla, no obstante, puntualizó que él no es parte de la Suprema Corte de Justicia ni tiene representación en el Poder Judicial.

«Soy gobernador electo, ni Ministerio Público ni juez, ni pertenezco a la Suprema Corte de Justicia ni tengo representación en el Poder Judicial. No puedo atender un tema que no es de mi competencia».

Por ello, indicó que no tiene ninguna opinión sobre el cambio de medidas cautelares que le otorgaron a Mario Marín el sábado 10 de agosto, con lo que alcanzó nuevamente su libertad, pero continuará su proceso en prisión domiciliaria.

Expresó que a pesar de que las acciones de Mario Marín fueron usadas como parte de una campaña para descalificarlo, actualmente está en la etapa de reconciliación con quienes fueron sus contrincantes y opositores.

«No tengo ninguna opinión al respecto porque es materia judicial. Yo representaré al Poder Ejecutivo a partir del 14 de diciembre, me voy a suscribir a esta responsabilidad. Lo demás es parte de una campaña de descalificación en mi contra durante el proceso electoral, pero yo estoy en la reconciliación».

La juez Angélica del Carmen Ortuño Sánchez fue quien ordenó la liberación del priista al considerar que el delito de tortura no ameritaba prisión preventiva, pero sí determinó que deberá portar un brazalete localizador y tendrá prohibido salir del país, además de que pagará una multa de 100 mil pesos.

Foto: Agencia Enfoque

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