Autora: Michelle Fahy
Traductorxs: Tim Swillens / Maria Inés Cuervo

Las pruebas de armamento realizadas por el ejército australiano llevan mucho tiempo amenazando las tierras y el patrimonio aborígenes. Sin embargo, los esfuerzos por hacer que el gobierno australiano rinda cuentas han sido en gran medida inútiles. Ahora, tras descubrir un misil no detonado en un sitio cultural indígena en teoría protegido, los Kokatha Badu Andrew y Robert Starkey presentan una denuncia histórica ante la OCDE sobre las prácticas empresariales del fabricante de armas Saab.

A pesar de la protesta internacional tras la destrucción por parte de Río Tinto de las cuevas de 46.000 años de antigüedad del desfiladero de Juukan, los sitios de importancia cultural del patrimonio aborigen siguen estando en peligro en Australia

El culpable esta vez es la Fuerza de Defensa Australiana, que realiza ejercicios de entrenamiento con fuego real y pruebas de armamento en la Zona Prohibida de Woomera (WPA por sus siglas en inglés). Dentro del alcance de la caída de misiles y morteros hay pruebas de actividades espirituales que han tenido lugar a lo largo de los siglos en grabados rupestres, artefactos patrimoniales, sitios de fabricación de herramientas y también sitios de importancia mitológica para los pueblos indígenas.

Andrew y Robert Starkey, Kokatha Badu (respetados ancianos o sabios) de la región del Desierto Occidental de Australia Meridional, llevan décadas registrando y protegiendo los lugares patrimoniales de sus tierras. Sus antepasados han ocupado la zona durante más de 11.500 años.

Parte de la WPA atraviesa las tierras de lxs kokatha, mientras que la mina Olympic Dam de BHP (con el mayor yacimiento de uranio conocido del mundo) se encuentra en su parte norte. Los espectaculares lagos salados de la zona son parte integral del paisaje cultural indígena, importante en las historias del Tiempo del Sueño que recorren el país, dice Andrew.

En enero de 2021, un grupo de propietarixs tradicionales kokatha que realizaba inspecciones de sitios patrimoniales descubrió un misil de alta tecnología no detonado en un lugar donde el Departamento de Defensa australiano afirma no realizar pruebas de armamento. Sin embargo, este reservado departamento se ha negado a explicar cómo el misil, fabricado por la multinacional armamentística Saab, llegó a estar en el lago Hart West, un sitio declarado patrimonio indígena.

“En un radio de un kilómetro alrededor del misil hay más de 20 elementos patrimoniales, con grabados rupestres de valor incalculable a sólo un par de kilómetros», dice Andrew.

Llevó 12 meses en retirar el misil. Un portavoz del Departamento de Defensa confirmó que fue recuperado el 18 de enero de 2022 y añadió que Defensa había «trabajado estrechamente con lxs propietarixs tradicionales para localizar y recuperar el material de guerra».

El hermoso lago salado tiene la desgracia de estar situado dentro de la zona roja (más utilizada) de la WPA. Un vídeo de 2018 y un tuit de 2019 muestran a las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF por sus siglas en inglés) realizando un entrenamiento con fuego real con misiles Saab sobre el lago Hart. Estas pruebas están permitidas sobre el lago pero en los sitios patrimoniales cercanos están prohibidas.

En septiembre de 2021, los Starkey presentaron una demanda sobre el misil ante el Punto Nacional de Contacto Australiano (AusNCP por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que administra las directrices de la OCDE para la «conducta empresarial responsable» de las empresas multinacionales. De este modo, los Starkey han dirigido su demanda directamente a Saab, el fabricante del misil, en un movimiento original y valiente.

Andrew dice que lo hicieron porque «los esfuerzos anteriores para solucionar esto con defensa no tuvieron éxito».

La tenacidad de los Starkey para intentar proteger su patrimonio es comprensible. Las pruebas aportadas a una investigación parlamentaria australiana establecida tras la destrucción de las cuevas del desfiladero de Juukan, revelaron lo débiles que son las leyes de protección de Australia. El presidente de la comisión de investigación, Warren Entsch, señaló «graves deficiencias» en la protección del patrimonio cultural indígena. “Nos costó encontrar algún sitio cultural indígenas que estuviera protegido adecuadamente», dijo el Sr. Entsch. “Está claro que el sistema actual no funciona».

Si a esto le añadimos un importante conjunto de intereses en conflicto –un acogedor ecosistema de «compañerxs» que promueven intereses económicos y militares por encima de un escaso compromiso con la protección del patrimonio indígena– nos hacemos una idea de a qué se enfrentan los Starkey. Sin embargo, cuentan con un impresionante talento en materia de derecho internacional humanitario en su equipo.

“Una cultura de la impunidad”

El testimonio oral de los Starkey (29 de junio de 2021) y la presentación escrita (nº 42) en la investigación sobre el desfiladero de Juukan pusieron de manifiesto la destrucción y profanación de muchos sitios importantes del patrimonio de lxs kokatha y expusieron el peligro de las municiones no detonadas en su país.

Durante décadas, la ADF ha llevado a cabo sus actividades bélicas en Woomera con escasa consideración por este patrimonio y, al parecer, con escasa consideración por la salud y la seguridad de lxs kokatha, como quedó evidenciado en las pruebas de Andrew. Esta falta de respeto y cuidado institucional ha dificultado la función de protección del patrimonio de los Starkey.

Defensa afirma que gestiona sus actividades de forma coherente con la legislación nacional sobre el patrimonio, pero, como se comprobó en la investigación del desfiladero de Juukan, la legislación australiana ofrece poca protección.

Defensa es conocida por negarse a responder a las preguntas sobre sus actividades en Woomera pero es posible que pronto tenga que rendir cuentas a través de la denuncia de la OCDE.

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Los representantes de los Starkey son el Dr. John Pace, un experto en legislación de los derechos humanos mundialmente reconocido con más de 50 años de experiencia, incluso en las Naciones Unidas, y John Podgorelec, un abogado con más de 20 años de experiencia en derecho internacional humanitario.

En la investigación sobre el desfiladero de Juukan, el Dr. Pace señaló que «existe una gran brecha entre la legislación [australiana] y estas normas internacionales… Esta situación ha contribuido a crear graves casos de devastación del patrimonio indígena y una cultura de impunidad«. Australia tiene que abordar urgentemente este desfase y adecuar su legislación interna a sus obligaciones internacionales.

El mundo retrocedió conmocionado cuando la «cultura de la impunidad» de Australia hacia el patrimonio indígena quedó al descubierto con el desastre del desfiladero de Juukan. La misma cultura existe en su Departamento de Defensa y en las actividades de la WPA, pero, aparte de los glamurosos destellos publicados con fines promocionales, Defensa logra mantener ocultas estas actividades. Las fotos que los Starkey presentaron a la investigación ofrecieron una inusual ventana a la realidad sobre el terreno, convirtiéndose en el catalizador de la denuncia de la OCDE.

Los Starkey quieren que sus tierras sean seguras y que sus lugares patrimoniales se conserven para las generaciones futuras. Como el proceso de reclamación aún está en curso, el equipo jurídico de los Starkey no puede proporcionar detalles concretos. Un resumen en el sitio web de la OCDE menciona una solicitud de mediación, que incluye una evaluación de impacto, una compensación financiera y, curiosamente, «el cese temporal de los servicios de suministro de la empresa». Esto significa probablemente que están pidiendo a Saab que deje de suministrar misiles a Defensa hasta que los Starkey puedan estar seguros de que su patrimonio está a salvo.

Australia no ha visto nada parecido a este caso antes. También es una novedad en el mundo de las denuncias de la OCDE.

Aunque los fabricantes de armas han sido perseguidos a través de las directrices de la OCDE, la demanda en el contexto actual es única», dice el Sr. Podgorelec. Si tiene éxito, podría repercutir en la comunidad internacional de fabricantes de armas multinacionales».

Es poco probable que esas multinacionales quieran arriesgarse al daño de reputación que supondría una denuncia aceptada por la OCDE.

Las directrices de la OCDE establecen que, aunque un país no actúe de acuerdo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, se espera que las empresas multinacionales respeten los derechos humanos en la mayor medida posible.

La empresa sueca Saab AB se ha comprometido a aplicar los diez principios del Pacto Mundial de la ONU y los ha integrado en su código de conducta. Su mayor accionista, que posee una participación del 30 por ciento en Saab, es Investor AB (un holding de inversiones sueco). Investor AB tiene directrices de inversión que dictan que las empresas deben firmar y adherirse al Pacto Mundial de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

Intereses conflictivos y la «puerta giratoria»

La gran cantidad de intereses contradictorios que revela esta situación de los misiles es asombrosa.

Los conflictos comienzan desde arriba, donde el primer ministro de Australia Meridional, Steven Marshall, es responsable de la cartera de asuntos aborígenes y de la cartera de industria de defensa.

La industria de defensa es importante para la economía del estado y goza de un generoso apoyo político. Australia Meridional es el único estado australiano que cuenta con una agencia gubernamental independiente para asuntos de defensa, Defence SA. Australia Meridional, que es un importante centro de la industria de la defensa, se ha beneficiado del aumento del gasto en la adquisición de armas en los últimos años por parte del gobierno federal australiano.

Uno de los beneficiarios ha sido Saab, que los registros del departamento de finanzas australiano revelan ha recibido 1.400 millones de dólares en contratos de Defensa desde 2016.

También es digna de mención la «puerta giratoria» de altxs ejecutivxs entre Defence SA y Saab.

El director general de Saab Australia, Andy Keough, fue director general de Defence SA de 2015 a 2017 antes de ser contratado por Saab. El Sr. Keough fue sustituido como director general de Defence SA en 2017 por Richard Price, que había trabajado en un puesto directivo en Saab en Estocolmo desde 2013 hasta que se unió al equipo del Sr. Keough en Defence SA en 2016. Antes de que el Sr. Price se trasladara a Estocolmo en 2013, había sido director general de Saab Australia.

Además, como actual director general de Defence SA, el Sr. Price es también miembro del consejo asesor de la WPA, el principal órgano de gobierno del «marco de coexistencia» de la WPA.

Aunque el gobierno proclama un compromiso de coexistencia con los pueblos indígenas dentro de la WPA, la aspiración es poco más que una farsa. La junta no ha tenido un presidente independiente desde su creación y sigue ignorando este requisito tan básico. Su actual presidente, la ex ministra del gobierno federal de Howard, Amanda Vanstone, es miembro del consejo de administración de la filial australiana de Lockheed Martin, el mayor fabricante de armas del mundo. Lockheed Martin fabrica el avión de combate F-35 de la RAAF, probado en Woomera, donde también ha probado armas hipersónicas y muchas otras cosas. Lockheed se asocia con Saab para suministrar sofisticados sistemas de combate para varios proyectos de construcción naval en el sur de Australia.

Este fenómeno de las «puertas giratorias» en última instancia es malo para las empresas y más aún para la protección del patrimonio indígena», afirma el Dr. Pace, que tiene una larga experiencia en materia de derechos humanos que se enfrenta a los intereses empresariales.

“Estos organismos crean una falsa impresión de respeto a las normas internacionales de responsabilidad, pero sirven para neutralizar el propósito para el que fueron creados. Lxs inversorxs deberían ser conscientes de estas realidades poco éticas».

Como nota al márgen, el ex ministro de Economía australiano Mathias Cormann dirige ahora la OCDE, mientras que su «amigo íntimo» Peter Dutton es el ministro de Defensa de Australia.

Podgorelec afirma que las naciones y empresas europeas suelen mostrar un mayor respeto por el derecho y los acuerdos internacionales. Si lxs inversorxs de conglomerados europeos como Saab se dieran cuenta de que se están incumpliendo las leyes internacionales, la presión de lxs inversorxs podría ser mayor, como ha ocurrido en Australia. La catástrofe del desfiladero de Juukan tuvo graves repercusiones para Río Tinto.

La evaluación inicial del AusNCP de la OCDE sobre la denuncia de los Starkey podría publicarse a principios de marzo, aunque un portavoz del Departamento del Tesoro de Australia (que presta apoyo de secretaría al AusNCP) sólo dijo que el informe «se publicará a su debido tiempo tras la consulta con la Junta de Gobernanza y Asesoramiento del AusNCP y las partes de la demanda».

Nota: Se contactó al Departamento de Defensa (incluida la Oficina de Coordinación de la WPA) y al Primer Ministro Steven Marshall para solicitarles comentarios. El primer ministro no respondió. Defensa no respondió a las preguntas formuladas, pero proporcionó la información señalada en el artículo.

Michelle Fahy es una investigadora y escritora que investiga las estrechas conexiones entre la industria armamentística y el gobierno australiano. Su trabajo ha aparecido en varias publicaciones independientes, como Arena Magazine, Declassified Australia, Consortium News y Michael West Media. Está en twitter como @FahyMichelle y su archivo está en undueinfluence.substack.com

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