Durante 2022, el Congreso de Puebla presentó varias iniciativas a favor de la comunidad LGBTTTIQ+, siendo la más importante la prohibición y sanción de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), conocidos como terapias de conversión.
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El término “terapias de conversión” abarca intervenciones pseudocientíficas que tienen como objetivo cambiar la orientación sexual de una persona, al considerar que sus acciones “no son normales”.
“El saldo de esta deuda histórica”, de acuerdo con los legisladores de Morena, se alcanzó con 33 votos a favor, 7 abstenciones y una excusa, lo que logró que las terapias de conversión se castiguen hasta con tres años de cárcel.
Sin embargo, la propuesta del diputado Carlos Alberto Evangelista Aniceto fue sometida a algunos ajustes propuestos por la bancada de Acción Nacional (PAN), para definir qué actividades en específico son las que deben sancionarse.
La discusión ocurrió en medio de la negativa del Consejo Poblano de Ministros y la Asociación de Padres de Familia de Puebla, que se pronunciaron en contra de tipificar como delito estas terapias; así como la manifestación de colectivos LGBTTTIQ+ que esperaron por una resolución favorable.
En el pleno, algunos legisladores celebraron el reconocimiento a los derechos humanos, pero otros, los panistas, insistieron en que la propuesta estaba inconclusa y debía ser pausada para volver a comisiones.
Afuera del recinto legislativo, al grito de “¡Nada que curar, nada que curar, nada que curar!”, entre canciones de Lady Gaga, Thalía y Shakira, los integrantes de la comunidad exigieron reconocer los abusos que han sufrido y evitárselo a las nuevas generaciones.
Luego de un largo debate, por mayoría de votos se aprobó sancionar de uno a tres años de prisión o con multas de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir, de 8 mil 644 pesos y hasta de 34 mil 574 pesos a quienes “promuevan, impartan, apliquen, obliguen o financien cualquier tipo de tratamiento de las mal llamadas terapias de reconversión, con o sin fines de lucro”.
Realizan primer parlamento a favor de la diversidad
El pasado 22 de noviembre se realizó el primer parlamento de la comunidad LGBTTTIQ+ en el Congreso de Puebla, un espacio que busca erradicar la desigualdad y la discriminación hacia las personas que no se identifican dentro de la hegemonía heteronormada.
Participaron miembros y representantes de colectivos como la Asociación Protectora de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APPS) y el Comité Incluyente Para la Diversidad en Texmelucan (CIDT).
En la inauguración, el entonces presidente del Congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dijo que el Legislativo ha trabajado por la dignidad de todas y todos los poblanos, fomentando el respeto y la inclusión.
Horas más tarde, los integrantes de la comunidad LGBTTTIQ participaron en un ejercicio social y simularon ser diputados locales, para presentar, aprobar y desechar iniciativas sobre las necesidades y problemáticas a las que se enfrentan.
Entre las propuestas puestas a consideración de los asistentes destacó la creación de albergues en la entidad, para apoyar a las personas que deciden hacer pública su orientación sexual son «abandonadas por sus familias».
Otras de las propuestas fueron apoyar en temas de salud a la comunidad lésbica y otorgar condones femeninos de forma gratuita en las clínicas de salud; así como permitir la adopción homoparental sin el requisito del matrimonio y facilitar los procesos para lograrlo.
Quedan pendientes por atender
El 30 de marzo, la diputada petista Mónica Silva Ruiz presentó una iniciativa para que la Ley Agnes, que permite el reconocimiento del derecho a la identidad de género autopercibida de las personas, se pueda aplicar a las infancias y adolescencias trans.
Propuso reformar el tercer párrafo del Artículo 875 BIS, el Artículo 875 TER y 930 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, para que los menores puedan tomar decisiones de forma libre e informada. Sin embargo, el tema sigue en trámite.
Además, para la diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, las infancias y adolescencias no tienen la madurez suficiente para reconocer y cambiar su género.
Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el requisito de la mayoría de edad para solicitar una nueva acta de nacimiento, de acuerdo a la identidad de género autopercibida de los solicitantes.
También, el 17 de mayo, la presidenta del Grupo Transgénero Puebla, Gabriela Chumacero Rodríguez, dijo que se realizarían con mesas de trabajo con diputados Morena y del Partido del Trabajo (PT), para impulsar modificaciones a la Ley del Trabajo, pues la actual no es incluyente.
Lamentó que en la actualidad no existen espacios laborales para ellos, más allá del estilismo, el corte y confección o el sexo servicio.
Señaló que cuentan con un “diagnóstico situacional sobre la violencia laboral para personas trans” y estudios con los cuales justificarán la iniciativa de Ley Federal sobre Ocupación Laboral para personas Travestis, Transgénero, Transexuales en México, presentada por la Coalición Mexicana LGBTTTIQ+.
Foto: Agencia Enfoque
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