Los habitantes del estado mexicano de Baja California luchan actualmente por el acceso al agua, cuyo servicio se verá afectado con la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands, una multinacional dueña y vendedora exclusiva de las marcas de Grupo Modelo en Estados Unidos, planificada para este año.
Con una inversión de 1.400 millones de dólares, la empresa inició en 2016 la construcción de una planta productora de cerveza en la zona norte del Valle de Mexicali que, de acuerdo con sus propias cifras mostradas en su Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), utilizará 20 millones de metros cúbicos de agua al año en su máxima capacidad.
La construcción de la planta y el desarrollo del proyecto, sin embargo, han presentado una serie de contratiempos desde que el Congreso local aprobó, en diciembre de 2016, la Ley Estatal del Agua, y se anunció la instalación de la cervecera.
Los opositores, además, han criticado la forma en el que el gobernador Francisco “Kiko” Vega ha tomado decisiones que afectan el suministro de agua en la región, para favorecer a la compañía norteamericana, como la firma de un contrato, clasificado como reservado, para otorgarles 20 millones de metros cúbicos de agua para su operación, además de la construcción de un millonario acueducto para llevarle agua a la planta.
Ante la presión social, la ley del agua se canceló, en julio de ese mismo año. La administración estatal también dio marcha atrás a la construcción del acueducto que mediría 47,5 kilómetros de largo.
Piden consulta popular
El 12 de octubre de 2018, grupos opositores solicitaron al Instituto Estatal Electoral (IEE) la realización un plebiscito, para someter a consulta ciudadana la viabilidad de autorizar y construir la empresa cervecera. La petición fue rechazada el pasado 4 de marzo.
Los consejeros del IEE calificaron como “intrascendente e improcedente” la solicitud de plebiscito, al considerar que este tipo de ejercicios no sirve para cuestionar decisiones administrativas, por lo que recomendaron a los solicitantes explorar otras vías.
En la solicitud se planteó que, en caso de aprobarse esa obra, se estaría llevando al Valle de Mexicali a una “catástrofe ambiental”, por “el riesgo de una intrusión salina en grado excesivo”.
También se expuso un estudio oficial de la Conagua, elaborado en 2015, en el que se reconoce que existen polígonos del Valle de Mexicali con sobreexplotación de agua, así como “un déficit en el acuífero de 456.040.492 metros cúbicos anuales de agua, por lo que no existe volumen disponible para nuevas concesiones”.
La decisión del IEE fue impugnada por los opositores al proyecto, por lo que el caso actualmente es analizado por el Tribunal Estatal Electoral y, en caso de no proceder, se piensa impugnar ante un Tribunal de segunda instancia, informó Iván Martínez, asesor técnico del Colectivo Plebiscito por el Agua de Baja California, organización civil impulsora de la consulta.
Más de 13 años con fallas de agua
La región desértica, que limita con Estados Unidos, posee graves problemas con el agua desde hace 13 años, cuando Washington decidió asfaltar el canal Todo Americano, que divide de manera natural los estados mexicanos de Sonora y Baja California con los de Arizona y California, Estados Unidos.
Luego de esta acción, los bajacalifornianos dejaron de recibir al año 83,5 millones de metros cúbicos de agua, mediante escurrimientos naturales del canal.
Las repercusiones de esta decisión son visibles una década después. Más de 7.000 familias se han visto afectadas por la falta del líquido; se quedó sin agua el drenaje La Mesa, que nutría a 1.300 hectáreas de siembra y los humedales; y los pozos que existían en la zona se secaron.
Además, decenas de especies de aves provenientes de otras latitudes y animales silvestres que vivían en esos espacios desaparecieron.
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