El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, llamó a los diputados locales a «reconsiderar» el pago de Derecho a Alumbrado Público (DAP), en la Ley de Ingresos para el Ayuntamiento capitalino, para que la Comuna pueda hacer el cobro.
- En entrevista, el alcalde pidió al Congreso valorar las modificaciones realizadas al proyecto este martes en comisiones y que serán discutidos en Cabildo este viernes para su turno a los legisladores.
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Comentó que la recaudación de este concepto, estimada en 149 millones de pesos, será «importante» para las finanzas del municipio, por lo que pidió al exdiputado local panista y asesor en la transición de gobierno, Pablo Montiel Solana, buscar diálogo con el Congreso.
«Estamos a favor de que se reconsidere este esquema del DAP que ha operado siempre, excepto este año, nosotros seguiremos cabildeando. He pedido a Pablo Montiel que sea el conducto para acercarse con los distintos legisladores para pedir la aprobación»
Eduardo Rivera Pérez
Presidente municipal de Puebla
Insiste en reubicación
En otro tema, Rivera Pérez insistió a los pobladores de San Pablo Xochimehuacan que la reubicación de sus viviendas es obligatoria, pues sus antiguas viviendas destruidas por la explosión del 31 de octubre fueron construidas en zonas de riesgo por el gasoducto.
Tras las protestas de los habitantes, contra la reubicación, el alcalde comentó que es la Secretaria de Gobernación (Segob), del estado la que dialoga con los afectados, mientras que rechazó desatención a los pobladores, al asegurar que la Comuna mantiene el albergue y colecta víveres.
«El tema ha sido puntualmente señalado, que a aquellas personas que se encuentren de manera regular sin riesgos podrá reconstruirse su vivienda, pero como ya lo mencionamos no vamos a poder regularizar lo que la ley nos permite, necesariamente hay personas que tienen que ser reubicadas»
Eduardo Rivera Pérez
La autoridad municipal ha notificado 120 casas en zonas de riesgo por el ducto de gas Licuado de Petróleo (LP) de Petróleos Mexicanos, así como unas 59 viviendas derribadas tras el estallido de una toma clandestina, de ladrones de combustible.
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Foto: Humberto Aguirre