Un grupo de activistas y familiares de personas desaparecidas logró ingresar al rancho Izaguirre, ubicado a poco más de una hora de Guadalajara, después de romper el cerco de seguridad que intentaba impedir su acceso. La acción ocurrió al mediodía, cuando integrantes de organizaciones buscadoras de personas, provenientes de Jalisco y Nayarit, exigieron vehementemente su derecho a acceder al lugar, donde se realizan investigaciones relacionadas con desapariciones forzadas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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El cerco policiaco, compuesto por agentes de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, no logró detener a las madres y padres de desaparecidos que, al grito de “¡Queremos entrar, queremos entrar!”, avanzaron por un estrecho camino de terracería hacia el rancho. A pesar de que el gobierno estatal había dispuesto vehículos para trasladar a los familiares de las víctimas en grupos pequeños, los integrantes de las organizaciones decidieron marchar juntos y no esperar la autorización oficial.
El rancho Izaguirre, que se encuentra en la comunidad de Izaguirre, fue asegurado en septiembre de 2024 después de un operativo en el que se detuvieron a diez miembros del CJNG. Según investigaciones y testimonios de sobrevivientes, el lugar fue utilizado como un centro de adiestramiento y exterminio, donde jóvenes eran reclutados por la organización criminal y, en muchos casos, asesinados si se negaban a unirse.
El terreno, de aproximadamente 50 metros de ancho por más de 200 metros de largo, está rodeado por una barda y cuenta con diversas estructuras, incluyendo una construcción de dos pisos utilizada como observatorio, un gimnasio en la planta baja, una bodega sin puertas y varios espacios bardeados, además de tres sanitarios y una casa rústica al fondo. La zona es agreste y aún se encuentra en proceso de investigación por parte de autoridades federales y locales.
En la actualidad, las investigaciones continúan en el rancho Izaguirre, con al menos siete puntos de interés donde se realizan peritajes. Sin embargo, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, denunció que durante los primeros seis meses tras el aseguramiento del lugar, la Fiscalía General de Justicia de Jalisco cometió diversas anomalías que impidieron una adecuada recolección de pruebas.
A pesar de las dificultades, los colectivos de búsqueda continúan recorriendo las áreas permitidas dentro del rancho, respetando los puntos de investigación y exigiendo que las autoridades aceleren las acciones en busca de justicia para las miles de personas desaparecidas en la región.
Foto: El Ciudadano
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