Con el respaldo unánime de todas las bancadas, la Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que busca fortalecer el control sobre el uso civil de armamento, autoriza la portación en empresas paraestatales y órganos autónomos, y ordena campañas permanentes de concientización sobre la cultura de la paz.
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La iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y avalada previamente en comisiones, fue aprobada con 476 votos a favor y sólo dos abstenciones, durante una sesión breve que no superó la hora y media.
Entre los cambios más relevantes, la reforma permite que empleados de paraestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como funcionarios de órganos autónomos, porten armas en funciones oficiales. También impone nuevas obligaciones para particulares que posean armamento, incluyendo la designación de un responsable ante el Registro Federal de Armas en caso de fallecimiento.
Luis Arturo Oliver Cen, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, explicó que la reforma responde a la actual situación de inseguridad en el país y busca “equilibrar las facultades del Estado con los derechos fundamentales”, además de reforzar el combate al tráfico y uso indebido de armas.
El dictamen también prohíbe la fabricación de armas mediante impresoras 3D y la conversión de armamento semiautomático en automático. Asimismo, establece campañas legislativas para informar sobre los riesgos del uso de explosivos y materiales peligrosos.
Diputados de todas las fracciones coincidieron en la urgencia de actualizar la legislación, vigente desde 1972, ante el creciente uso de tecnologías bélicas por parte del crimen organizado. Legisladores del PAN, aunque votaron a favor, advirtieron que vigilarán que la reforma se implemente correctamente.
“El reto es su aplicación. No basta con reformar la ley; toca al gobierno hacerla valer”, enfatizó el panista César Damián Retes, quien urgió a fortalecer la cooperación binacional para frenar el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos.
La reforma también refuerza los permisos oficiales colectivos y protege el derecho de portación para ejidatarios y comuneros en zonas rurales, al tiempo que busca cerrar el paso a explosivos operados a distancia, como drones, cada vez más utilizados por grupos criminales.
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