Luis Lozada
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) documentó una grave violación de derechos humanos cometida por policías municipales de Tehuacán, quienes sustrajeron arbitrariamente a un menor de edad sin orden judicial ni consentimiento del padre, quien legalmente tenía su custodia provisional.
Los hechos, recogidos en la Recomendación 04/2025, ocurrieron el 23 de febrero de 2022, durante la administración del exalcalde Pedro Tepole Hernández.
Los agentes municipales entraron a una guardería para llevarse al niño de dos años por solicitud de la madre, a pesar de que existía un proceso legal de custodia aún sin resolución. Cuando el padre llegó al sitio, se encontró con que los uniformados ya resguardaban al menor.
«No había ninguna orden judicial que autorizara esa acción», reclamó el padre, quien fue presionado por los policías con el argumento de que el menor sería entregado temporalmente al Sistema Municipal DIF (SMDIF).
El DIF nunca recibió al menor: fue llevado al Juzgado Calificador y entregado a la madre
En una cadena de irregularidades, el menor no fue entregado al SMDIF, sino trasladado al Juzgado Calificador, donde fue revisado por un médico legista sin la presencia de ninguno de sus progenitores. Más tarde, el padre supo que el niño fue entregado directamente a su madre, sin orden judicial.
Esta actuación vulneró de forma grave los derechos del niño, lo que motivó al padre a presentar una queja ante la CDH Puebla.
CDH exige reparación del daño y garantías de no repetición
La CDH concluyó que las autoridades municipales violentaron los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y dignidad del menor.
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Aunque Tepole ya no es alcalde, la actual administración encabezada por Alejandro Barroso Chávez deberá cumplir con las medidas dictadas por la CDH Puebla, entre las que se incluyen:
- Reparación integral del daño a la víctima, conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Puebla.
- Capacitación obligatoria para funcionarios públicos en derechos humanos.
- Emisión de una circular institucional que recuerde a las y los servidores públicos su deber de respetar los derechos humanos.
Este caso pone en evidencia la fragilidad del sistema de protección a la infancia en manos de autoridades municipales y la urgencia de profesionalizar a las corporaciones policiacas en perspectiva de derechos humanos, especialmente en contextos de disputas familiares, donde el respeto al debido proceso y al interés superior de la niñez debe ser prioritario.
Fotografía: Redes
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