El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió, por mayoría de votos, revocar el acuerdo de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF, que había ordenado investigar a Arturo Zaldívar, exministro presidente de la SCJN, y a varios de sus excolaboradores por presuntos actos de corrupción y abuso de funciones.
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La resolución fue tomada luego de un recurso de inconformidad promovido por el magistrado Jaime Santana Turral, quien había sido incluido en la investigación. El CJF determinó que no existían pruebas suficientes que vincularan a los acusados con las presuntas irregularidades señaladas en una denuncia anónima, por lo que el caso fue cerrado de manera definitiva.
La investigación había sido iniciada el 9 de abril del año pasado por la ministra Piña, tras una denuncia anónima que mencionaba a Zaldívar y a varios de sus excolaboradores, entre ellos, Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex Secretario General de la Presidencia del CJF, y Edgar Manuel Bonilla del Ángel, ex titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. En la denuncia se les acusaba de corrupción, enriquecimiento ilícito, vulneración de la independencia judicial, abuso de poder, entre otros cargos graves. Además, se mencionó que Zaldívar supuestamente había ejercido presión sobre jueces y magistrados para que dictaran sentencias favorables a intereses personales y de terceros.
El acuerdo de revocación, emitido el 4 de diciembre de 2024, benefició a Zaldívar y a los demás involucrados, cerrando el caso por considerar que las acusaciones contenidas en la denuncia eran de carácter genérico y carecían de pruebas que las sustentaran. En particular, el CJF argumentó que las manifestaciones contenidas en la denuncia no ofrecían detalles suficientes sobre los hechos, como el lugar, modo y tiempo en que se habrían producido las irregularidades, por lo que no podían ser consideradas como un indicio suficiente para abrir una investigación formal.
La decisión del pleno del CJF se dio en un contexto de creciente tensión en el Poder Judicial de la Federación, justo antes de que comenzaran las campañas para las elecciones judiciales, que se inician este domingo. A pesar de la relevancia del tema, el CJF mantuvo en estricto sigilo el acuerdo hasta la resolución final.
La votación sobre el recurso fue dividida, con 4 votos a favor de los consejeros Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez, mientras que 3 consejeros, entre ellos la ministra Piña Hernández, votaron en contra. La ministra presidenta también anunció su voto particular, señalando su desacuerdo con la resolución adoptada.
Fuentes cercanas al CJF señalaron que el ponente del proyecto de resolución fue el consejero José Alfonso Montalvo Martínez, quien inicialmente propuso que el recurso fuera resuelto como improcedente. Sin embargo, la mayoría de los consejeros modificó su postura, ordenando el archivo definitivo del expediente.
Este caso ha provocado controversia, dado el perfil de las personas involucradas y el contexto político y judicial que rodea las denuncias de corrupción. La decisión del CJF deja en suspenso las acusaciones, mientras que algunos sectores del Poder Judicial y de la política mexicana continuarán observando de cerca cualquier nuevo desarrollo relacionado con este proceso.
Foto: El Ciudadano
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