Por Abraham Reyes
Las autoridades deben proteger la dignidad de las mujeres, sin importar su condición; por lo que es necesario que las autoridades, civiles y militares, apliquen protocolos que garanticen el acceso a la higiene menstrual y reproductiva de las presas. Afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
«Parte de las funciones de este Organismo Autónomo es la de velar por la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en nuestro país, en particular por lo que hace al derecho humano a la salud en transversalidad con los derechos a los servicios de salud sexual y reproductiva, la autoridad penitenciaria debe garantizarles el acceso a una gestión menstrual digna»
Puede leerse en la recomendación 35/2021, publicada por la CNDH; para la creación de este documento, se realizó durante 2020 una investigación en distintas cárceles y centros de readaptación en todas las entidades federativas de la República mexicana; gracias a la cual los expertos descubrieron que la mayor parte de las mujeres que se encuentran cumpliendo una sentencia no pueden satisfacer de manera digna su necesidad de artículos de higiene menstrual y sexual.
Según la información correspondiente a octubre de 2020, en México existen:
- Un total de 276 mil 776 personas en situación de cárcel
- Un 5 por ciento de estas son mujeres, lo que equivale a más de 10 mil 700.
Cárceles cumplen indicaciones a medias
En la recomendación 32/2021 se detalla que, en la mayoría de las cárceles existen indicaciones de adquirir insumos como toallas sanitarias, tampones o panti-protectores, pero que estas no se ejecutan correctamente, lo que lleva a una situación sanitaria deplorable.
Asimismo, el documento señala que el acceso a una salud menstrual digna no se compone únicamente de insumos; sino que también requiere de:
- La habilitación de espacios seguros, suficientemente salubres, con agua potable ininterrumpida
- Presencia de personal médico capacitado en temas de salud sexual femenina.
Finalmente, la recomendación 35/2021 hace un llamado a los gobiernos estatales y al Federal a revisar detalladamente la situación de los CERESOS y los diferentes centros de detención, así como a cumplir con su labor de garante de derechos y protector de la dignidad de los mexicanos.