La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en contra de empresas que abusan de la distribución del agua, tanto en la zona norte como en el centro de la República Mexicana, por tanto, hace un llamado a todas autoridades y a los poderes para eliminar la corrupción de las corporaciones que ejercen sobre el recurso natural.
Es prioritario para la CNDH que el Estado mexicano deje de ver en el agua un producto mercantil, como se hizo durante el llamado periodo neoliberal porque dificulta su correcta distribución de forma equitativa y suficiente, pese a tratarse de un recurso protegido por nuestra Constitución Política en su artículo 4º, el cual establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Los problemas de sequía y desabasto que enfrentan algunos estados de la República Mexicana, son principalmente para consumo doméstico, pues el 69 por ciento de los hogares en México reciben agua potable diariamente, y esto se debe a la sobreexplotación de acuíferos que se ha permitido bajo el cobijo de las leyes actuales.
Actualmente, el 61.4 por ciento de los recursos hídricos del país concesionados se encuentran acaparados por las industrias cerveceras, acereras, agropecuarias, mineras, papeleras, automotrices y embotelladoras, entre otras, según datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
El Estado mexicano no debe omitir que se encuentra obligado a brindar a cada persona el acceso inmediato a la cantidad de agua para satisfacer sus necesidades más urgentes para sobrevivir, es decir, para beber y evitar riesgos inminentes a la salud. Asimismo, a garantizar a cada persona la cantidad de agua necesaria para mantener estándares dignos de vida y de protección de su salud, de modo que pueda gozar de la protección del resto de sus derechos.
Es por todo esto, que la CNDH plantea recordar que el derecho internacional en materia de derechos humanos obliga a los Estados a trabajar para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento para todas las personas sin discriminación, al tiempo que da prioridad a las más necesitadas.
El 25 de enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión expedir la reglamentación del artículo 4º de la Constitución, con el propósito de garantizar el derecho humano al agua.
La sentencia de la Corte implica que, antes de que termine el próximo periodo ordinario de sesiones, que tendrá lugar entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre, el Congreso deberá expedir la nueva regulación.
¡Defendemos al pueblo!
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