Con el narco no

Por Onel Ortiz Fragoso

@onelortiz

Después de la información que llega desde Sinaloa, como la que publicó Río Doce, que en días subsecuentes han complementado otros medios y articulistas, referente a la intervención de cárteles del narcotráfico en el proceso electoral del 6 de junio, se enciende un foco de alarma en el tablero del Estado mexicano imposible de ignorar. El panorama se complica cuando surge información semejante de otros estados como San Luis Potosí, Michoacán y el municipio de Valle de Bravo, en el Estado de México. Además, porque los candidatos perdedores no desean impugnar los resultados por temor a represalias. No podemos cerrar los ojos, ante un riesgo de este tipo para la democracia y la vida pública.

La polarización y las descalificaciones entre partidos, no deben impedir que las fuerzas políticas y sus dirigentes traten este tema con la seriedad y responsabilidad que lo amerita. Las crónicas describen como grupos de hombres y mujeres vinculados a cárteles del narcotráfico intervinieron sistemáticamente en las elecciones en varias zonas del país.

El comportamiento tradicional del narco era guardarse en jornadas electorales. Años después, para nadie era un secreto que caciques, personajes oscuros de la política y uno que otro gobernador tenían a su disposición a delincuentes y malechores, que utilizaban para robar casillas, reventar elecciones, intimidar a opositores o que realizaban “donativos” a alguna campaña. En todo momento, la decisión de actuar era del personaje o grupo político, no de la delincuencia. Las crónicas de Sinaloa y de otros lugares describen la inversión de la fórmula. Es decir, la delincuencia organizada es ahora la que toma la decisión de dónde y cómo intervenir.

Entiéndase, los cárteles funcionan como corporaciones cada día más diversificadas. Si no se toman a tiempo las acciones necesarias, no sorprenda que la política se convierta en una actividad más de estas corporaciones criminales, junto con el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y el robo de combustibles.

Abelardo L. Rodríguez quien fuera presidente de México de 1932 a 1934, además de militar, político y empresario exitoso, fue un conocido integrante de la mafia, relacionado con las apuestas y el tráfico de alcohol entre México y Estados Unidos en los años de la prohibición. No fue casual que su sucesor, el general Lázaro Cárdenas, cerrara los casinos y reglamentara los juegos de azar. Aunque no procedió contra su antecesor, el mensaje fue contundente, en el México postrevolucionario el poder estaba en la política, no en la delincuencia.

Se requiere de una definición clara de las autoridades y de los partidos para rechazar la injerencia de la delincuencia organizada en la política. No están en juego algunos distritos federales, presidencias municipales o inclusive, gubernaturas, sino la democracia. En los lugares en donde grupos delincuenciales impidieron el libre ejercicio de la voluntad popular, las autoridades deben actuar y las elecciones anularse. La clase política debe entender  el riesgo que entraña la participación de la delincuencia en los procesos electorales e impedirla a toda costa. La posición de la sociedad es clara: con el narco no. Eso pienso yo. ¿Usted que opina?