Con restricciones a la participación de las familias, avanza Ley de Desaparecidos

La Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, como finalmente fue llamada, avanzó al pleno del Congreso de Puebla, aunque con omisiones hacia la participación de las familias de las víctimas de este delito.

En sesión de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y Derechos Humanos, los diputados avalaron la propuesta, con lo que fue remitida al pleno del Congreso y el próximo miércoles será votada para su aprobación.

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Aunque la propuesta de iniciativa fue avalada, se desecharon todas las reservas, es decir, las modificaciones, presentadas por la diputada Estefanía Rodríguez a favor de las familias de las víctimas.

Aunque diputados, en particular Nora Merino Escamilla, expresaron que se trabajó con base en las dos propuestas que tenían, la enviada por las familias y la enviada por el gobernador, la que avanzó dejó de lado la participación de las familias.

Poder legislativo, la principal traba de las familias

Tras aprobarse en lo general, la diputada Estefanía Rodríguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, presentó 10 solicitudes de modificaciones, pero sólo le fueron aceptadas ocho, pues las últimas dos las emitió iniciada la sesión.

Todas las peticiones para modificar desde el nombre de la ley hasta facultades de las familias, fueron desechadas con los votos de legisladores como Nora Merino Escamilla y Eduardo Gandur, ambos de Morena, y quienes se habían pronunciado del lado de las familias.

Primera reserva

Se solicitó cambiar el nombre“Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla” por “Ley en Materia de Búsqueda y Desaparición de Personas del Estado de Puebla”. La propuesta fue desechada al advertir que la presente ley no contempla el delito de desaparición, sino sólo la búsqueda. El área jurídica del Congreso señaló que “los delitos son de orden federal”.

Segunda reserva

Adicionar conceptos como “áreas de resguardo” y “depósito ilegal de cadáveres” y reconocer como familiares de una persona desaparecida a quienes estén sujetos a régimen de sociedad o convivencia. Este bloque de peticiones no avanzó, puesto que a lo largo de la propuesta se definen ambos conceptos o no fueron utilizados; y en el Código Civil ya se reconoce como familiares a las personas que tienen un régimen de convivencia.

Tercera reserva

Se propuso modificar el artículo 19 que habla sobre el Sistema Estatal de Búsqueda para dejar en claro que a la salida de cada integrante lo suplirá la persona que ocupe el nivel jerárquico inmediato inferior. La propuesta fue desechada al señalarse que “está implícito” tal y como está redactado.

Cuarta reserva

Se solicitó que el nombramiento del o la titular de la Comisión de Búsqueda suceda en consenso con los colectivos de familiares de personas desaparecidas. La propuesta fue rechazada al señalar que “como parte del protocolo de búsqueda existen roles de las personas involucradas”. Se les negó esta atribución.

Quinta reserva

Se propuso que de manera literal que el artículo 30 expresara que la Comisión de Búsqueda estará sujeta a la protección de datos de personas desaparecidas y de familiares. Esta obligación ya está expresada en el artículo 2 y en el 95, por lo que fue desechada.

Sexta reserva

La propuesta pedía incluir en el artículo 31 que como parte de las atribuciones de la Comisión de Búsqueda, en los grupos de trabajo se “asegure la participación de familiares”. De nueva cuenta se recurrió al discurso de los roles de cada una de las personas involucradas. Incluso, el área jurídica del Congreso expresó que “existe una estructura donde se determinan las facultades de los actores”. Fue desechada.

Séptima reserva

Buscaba que el Consejo Ciudadano tuviera seis integrantes que fueran familiares de personas desaparecidas y no cuatro. “Elevar el número va en contra del protocolo”, dijo el abogado del Congreso y la propuesta fue desechada por las y los diputados.

Octava reserva

Se solicitó que de manera explícita se estableciera que el Consejo Ciudadano recibiría recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos, de parte de la Secretaría de Gobernación, pues actualmente dice que “proveerá de lo necesario”. Sin embargo, se señaló que “la naturaleza del consejo es de consulta, por lo que no se le pueden transferir recursos financieros”. 

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