El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, confirmó que el Ayuntamiento presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cobrar el Derecho de Alumbrado Público (DAP), luego de que el Congreso lo eliminó de la Ley de Ingresos municipal.
Lo anterior pese a que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal también inició un juicio en el máximo tribunal para derogar este impuesto en los ayuntamientos que lo cobran, al señalar que vulnera los derechos de los ciudadanos.
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En entrevista, Rivera Pérez indicó que la tarde del pasado miércoles la síndica municipal, Guadalupe Arrubarrena García, comenzó la controversia, al señalar que la Comuna «tiene fundamentos» para reclamar el cobro de alumbrado.
Indicó que el Ayuntamiento tiene derecho a presentar este juicio constitucional, al defender que la ciudad necesita el DAP para mejorar el sistema de luminarias, lo cual afecta directamente a la percepción de seguridad.
«El gobierno de la ciudad está en su derecho, nos asiste la ley para presentar una controversia constitucional. Nosotros tenemos la certeza y es nuestra opinión de que nuestro municipio tiene la facultad legal para llevarlo a cabo»
Eduardo Rivera Pérez
Presidente municipal de Puebla
Rivera Pérez reconoció que la decisión podría causar descontento entre la población, aunque defendió que la medida es para recuperar los 140 millones que recauda la ciudad.
Impugnación de la CDH
Apenas este miércoles, el órgano local de derechos humanos inició una controversia ante el máximo tribunal contra el DAP, al argumentar que vulnera las garantías humanas de seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria.
Al respecto, Rivera Pérez solo comentó «Que bueno que haya otras instancias que hayan presentado lo que a su derecho convenga», al señalar que habrá «sectores de la población» que no estarán de acuerdo.
Desestima las posibles protestas
El alcalde desestimó que en la capital haya manifestaciones por el cobro del DAP, como ocurrió en los municipios de Ajalpan, Coxcatlan y Chila de la Sal, donde la presión social «tumbó» el cobro en los ayuntamientos.
Aseguró que en estas demarcaciones «hubo mala leche» de la población por «actores políticos», aunque no refirió nombres, por lo que insistió que no se debe «polítizar» el tema.
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