Congreso de Puebla «castiga» a infantes con apenas 5% de sus 252 iniciativas

De las 252 iniciativas de decreto presentadas por la LXI Legislatura, en el Congreso del Estado, sólo 15 proponen una agenda para defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con el portal web del recinto parlamentario, del 15 de septiembre de 2021 al 26 de abril de 2022, de las 15 iniciativas a favor de la infancia representan apenas el 5.9 por ciento de todas las propuestas que los legisladores de los diferentes partidos políticos han subido al pleno.

En siete meses que lleva en funciones, únicamente se aprobaron tres, lo que significaría que el 20 por ciento de ellas es válida, sin embargo, sólo una -que corresponde al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC)- puede aplicarse, porque fue publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Además, de los 185 puntos de acuerdo que se hicieron en el mismo periodo, sólo 9 exhortos, es decir, el 10.5 por ciento, fueron para garantizar el bienestar de este sector de la población en materia de salud, educación y seguridad.

Los temas, al igual que muchos de los que esperan ser analizados y votados por los 41 diputados, se toparon con pared al verse opacados con asuntos como la aprobación del cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP) y la destitución del Francisco Romero Serrano, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

¿Quiénes las impulsan?

Al menos 12 de las propuestas presentadas ante el pleno del Congreso se han enfocado en reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La mayoría de ellas fueron impulsadas por las legisladoras de Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien es presidenta de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez en el Congreso; y Nancy Jiménez Morales.

Las demás fueron subidas a tribuna por los diputados: Eduardo Castillo López y Karla Victoria Martínez Gallegos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); María Isabel Merlo Talavera Revolucionario Institucional (PRI); así como Nora Yessica Merino Escamilla y Mónica Silva Ruíz, del Partido del Trabajo (PT).

Asimismo, el diputado Fernando Morales Martínez del partido Movimiento Ciudadano (MC), presentó una iniciativa de ley en materia de salud, para disminuir la mortalidad en niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Piden reformar la ley a favor de la infancia

Entre los intentos por mejorar la calidad de vida de los niños en el estado de Puebla destacan algunas propuestas como la impulsada por la legisladora Nora Merino Escamilla, quien pidió mejorar el procedimiento para adoptar y proteger los derechos de los menores que logren ser adoptados.

Su iniciativa, que sigue en estudio desde el pasado 9 de diciembre de 2021, plantea la modificación de más de 5 artículos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como la adición de más de 10 párrafos, para que los niños “puedan acceder a un proceso de adopción expedito, ágil, simple y guiado por el interés superior de los menores”.

Otra más de la diputada Isabel Merlo Talavera, quien sugirió que el Estado y el Congreso dispongan de recursos y se los entreguen a los ayuntamientos, para que implementen programas de prevención, capacitación y atención psicológica a los padres de familia y a los responsables de menores de edad, para evitar el abuso físico y psicológico.

La legisladora del PRI justificó que de esta forma se podría mitigar la crisis de inseguridad y violencia que aqueja a la entidad, ya que invertir en el pleno desarrollo de la niñez y la adolescencia puede traer mejores resultados sociales a futuro. La iniciativa sigue en pausa desde el día de su presentación, el 10 de marzo de 2022.

Mínimas las iniciativas aprobadas

La primera de las tres reformas de ley que ya fueron validadas por el pleno fue la sanción a los padres de familia o maestros que utilicen los golpes, pellizcos, nalgadas o humillaciones como método de educación para los menores.

La iniciativa fue presentada el pasado 10 de diciembre por la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, aunque fue dictaminada meses después y aprobada apenas en marzo de este año, con la intención de que los menores reciban una educación sin que se atenten contra su identidad física.

Con esta modificación, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reconoce como castigo corporal o físico “todo aquel acto en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, etcétera”.

También redefine el castigo humillante como “cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, discriminatorio, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación”.

La segunda corresponde a la propuesta de la diputada Nancy Jiménez Morales, con la que los menores con alguna discapacidad puedan acceder al sistema educativo ordinario, sin ser discriminados; además, solicita que la llamada “educación especial” sea un medio de apoyo.

Su iniciativa fue presentada el 22 de diciembre de 2021 y aprobada casi 3 meses después, el pasado 10 de marzo. En ella también se indica que no podrán prohibirles a los infantes su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en instituciones públicas, privadas y sociales.

El pasado 15 de marzo, el Congreso local aprobó que el gobierno del estado se haga cargo de la operación y financiamiento del PETC para que las 661 instituciones inscritas a este sistema mantengan su funcionamiento, luego de que se anunciara su cancelación a nivel federal.

El pleno avaló la modificación de la fracción XII del párrafo segundo del Artículo 119 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, así como la adición de un párrafo en el que se aclare la forma en la que funcionarán.

De acuerdo con la propuesta enviada por el gobernador Barbosa Huerta, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitirá las líneas de operación de forma anual, de acuerdo con los recursos con los que se cuenten, para establecer los horarios y actividades que se realizarán. El decreto fue publicado el 6 de abril en Periódico Oficial del Estado.

El mandatario informó que este programa comenzará a funcionar a partir del ciclo escolar 2022-2023, lo que beneficiará a 93 mil alumnos de educación básica en la entidad.

Adopción e infancias trans, temas que siguen pendientes

La primera iniciativa que se presentó durante estos 7 meses a favor de los menores de edad se llegó al pleno el pasado 25 de noviembre del 2021, con la que se pretende reformar y adicionar algunas disposiciones a la ley para agilizar y mejorar el proceso/sistema de adopción en la entidad.

Esta propuesta, que incluye una modificación estructural a las disposiciones actuales, fue impulsada por la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien espera rescatarla de la congeladora, sitio al que fue enviada en la legislatura pasada, a pesar de ser la presidenta de la comisión que regula estos temas.

En entrevista con El Ciudadano México la diputada panista aseguró que esta ley es muy importante y debe ser dictaminada a la brevedad, ya que tenía que homologarse con la Ley General Federal; no obstante, el plazo para su resolución ya venció.

Entre sus disposiciones se establece un límite de 6 meses como plazo de adopción, a diferencia de los más de 5 años que puede pasar un menor en una casa de asistencia, a pesar de que existan personas que quieran brindarles un hogar.

Declaró que no es una regulación independiente, sino una actualización a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que habla del proceso de adopción; sin embargo, destacó que en Puebla este sistema sigue siendo ambiguo.

“No hay nada más importante que el bienestar de una niña, un niño o un adolescente y que esa ley esté en el rezago es increíble. Un día perdido, es un día que un menor no tiene una familia”

Rodríguez Della Vecchia llamó a revertir el rezago legislativo en el que se encuentra el Congreso, ya que hay muchas iniciativas de reforma que impulsaron los 41 diputados que siguen sin ser analizadas y votadas.

“Necesitamos celeridad en resolver las propuestas de todas y todos los diputados. Para eso estamos aquí, nuestra labor es legislar y hay un rezago”

De la misma forma, el reconocimiento de las infancias trans se ha quedado estancado en el Congreso del Estado, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el requisito de la mayoría de edad para solicitar una nueva acta de nacimiento, de acuerdo a la identidad de género autopercibida de los solicitantes.

Entre las voces a favor de reformar las leyes para proteger los derechos de la infancia no binaria está la legisladora Mónica Silva Ruíz, por lo que el pasado 30 de marzo presentó una iniciativa ante el pleno para lograr que se cumplan las disposiciones federales.

Con su iniciativa busca, entre otras cosas, que los menores tomen decisiones libres e informadas, así como eliminar el costo por el cambio de identidad de género para todos los ciudadanos, mediante la derogación de la Fracción D, inciso I, del Artículo 28 de la Ley de Ingresos estatal 2022.

Beneficio a menores, efecto colateral de las propuestas

Además, hay iniciativas y decretos que, a pesar de no estar enfocados en las niñas, niños y adolescentes poblanos, su trasfondo ayuda de alguna manera.

Por ejemplo, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, que busca tipificar como delito los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), mejor conocidas como terapias de conversión.

La propuesta sigue en trámite y fue presentada por el diputado morenista Carlos Alberto Evangelista Aniceto el pasado 7 de octubre de 2021.

En su interior, evidencia que existe violencia contra personas lesbianas, gais, bisexuales, travestis, trans e intersexuales (LGBTTTI), o personas percibidas como tales, en especial niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes.

También está la iniciativa de decreto para reformar las fracciones VII y VIII y adicionar la fracción IX al Artículo 12 de la Ley Estatal de Salud, mediante el cual se establece que le corresponde al gobierno estatal, mediante la Secretaría de Salud, fomentar campañas de difusión sobre la importancia de la salud mental como medio para garantizar el bienestar integral de las personas.

La propuesta de la diputada panista Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez fue aprobada el pasado 2 de diciembre de 2021, y en el contenido señala que beneficiara a los menores de edad, ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) uno de cada cinco niñas, niños y adolescentes tienen un trastorno mental.

Foto principal: Iván Rojas

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