Ante la llamada de atención del gobernador Miguel Barbosa, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha producido un comunicado donde dice tener como prerrogativa el respeto a la información sensible de los poblanos beneficiados por el programa de aplicación de vacunas instrumentado desde el Gobierno Federal.
La polémica se desató cuando el 10 de marzo, el presidente de la CCE, Ignacio Alarcón Pacheco, declaró en entrevista concedida a Milenio Puebla que tras sostener una reunión con Rodrigo Abdalá Dartigues, había puesto los recursos de su Cámara al servicio de los esfuerzos de vacunación. La oferta concreta de la CCE era montar centros de registro eficientes que ayudaran a evitar aglomeraciones como las observadas durante los primeros días de registro, planteando riesgos de contagio para los ahí presentes.
Ni la solicitud de Abdalá al CCE ni la respuesta del Consejo al delegado fueron del agrado del gobernador Miguel Barbosa Huerta, y así lo planteó en la conferencia matutina de ayer lunes 5 de marzo.
Cuando yo lo leí, cuando yo me enteré, quedé sorprendido, porque el vaciado en una base de datos de toda la información que entregan quienes se vacunan donde se establecen nombres, domicilios, teléfonos y no sé cuántas referencias, son datos que deben ser protegidos y por tanto solo manejados por la autoridad gubernamental encargada de la vacunación.
Miguel Barbosa Huerta
Asimismo, el gobernador advirtió que promovería una revisión con los más altos mandos sobre la idoneidad del procedimiento concertado entre Abdalá e Ignacio Alarcón. «Es muy grave esto que está ocurriendo. Yo hago un llamado a que esto sea revisado por los mandos del INSABI, de la Defensa Nacional, y si es correcto, que se deje lo que esté pasando, aunque en mi opinión es irregular», señaló el mandatario. La respuesta del Consejo Coordinador empresarial llegó pocas horas después de la conferencia de prensa del Barbosa Huerta. El comunicado especifica los dos rubros en que se enfocaron sus acciones durante la jornada de vacunación:
«El apoyo a personal de Bienestar Federal durante la logística, registro y orden del proceso de vacunación en algunos puntos a través de voluntarios, así como también en la gestión de instalaciones para que los encargados de los procesos de captura realicen su labor».
Comunicado del Consejo Coordinador Empresarial
Es decir, el consejo sí participó en la recopilación de datos. Y a pesar de que manifestaron su acuerdo con el gobierno del estado, dicho acuerdo no lo manifestaron en torno a la llamada de atención puntual de Barbosa, sino en torno a «la versión de los medios», a quienes el gobernador nunca reconvino. El intento del Consejo por darle la vuelta al fondo del asunto -la recopilación por medio de particulares de información para un programa federal-, fue, por decir lo menos, fallido.
¿Qué podría salir mal?
Existe un concepto llamado «protección de datos personales» y ha cobrado tal relevancia en los últimos años que en 2010 se emitió legislación federal al respecto. Los datos personales son información sensible y cuando la autoridad los recopila con propósitos de organización e identificación de la ciudadanía para brindar acceso a un programa federal, como es el Operativo Correcaminos (encargado de la vacunación antiCovid), su obligación es recabarla con sus propios medios e instrumentos, nunca delegar el levantamiento a particulares, y especialmente cúpulas empresariales, independientemente de la buena fe con la que digan actuar.
¿Cuál podría ser la razón de la existencia de una cúpula empresarial, sino hacer negocios o proteger su potestad de hacerlos con la menor regulación posible? Las bases de datos personales son en sí mismo recursos con un potencial financiero multidimensional. Como plantea la autora Shoshana Zuboff en su libro «La era del capitalismo de vigilancia» (2019), en el siglo XXI la información es el recurso más codiciado y valioso, en franca competencia con los recursos naturales. Las posibilidades comerciales de una base de datos extensa de una población incluso segmentada por edad son una realidad que no admite controversia.
El asunto se agrava si la información la levanta una organización cuyos intereses colisionan de manera frontal con el actual proyecto de gobierno, como ha señalado pertinentemente la periodista Yazmín Curiel. ¿Qué mejor obsequio podría hacerse a un aliado que la información sensible?