Controlaría impone 18 sanciones a funcionarios municipales

Ocho recibieron una amonestación pública, ocho inhabilitados, mientras que hubo una suspensión y un empleado fue separado del cargo

David Celestino

18/10/2022 2:46pm

La titular de la Contraloría del Ayuntamiento de Puebla, Alejandra Escandón Torres, indicó que durante la actual administración se han impuesto 18 sanciones a funcionarios públicos por omisión de sus funciones o incumplir con su declaración patrimonial.

Así lo dio a conocer la contralora durante su comparecencia a regidores, por la glosa del primer informe del presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, donde informó que hay 2 mil 78 denuncias en proceso de investigación.

De los 18 funcionarios sancionados, ocho recibieron una amonestación pública, ocho inhabilitados, mientras que hubo una suspensión y un empleado fue separado del cargo, por no haber ejercido autoridades o presentar documentación apócrifa en su declaración patrimonial.

De las más de 2 mil denuncias, mil 71 iniciaron en la actual administración de Rivera Pérez, de los cuales 334 fueron archivados y 707 están activos; entre las querellas hay 340 asuntos relacionados con la entrega-recepción y “asuntos generales”, mientras que hay 367 investigaciones contra burócratas por no presentar su declaración patrimonial.

Denuncian a funcionarios con códigos QR

Por otra parte, Escandón Torres ventiló que desde julio de este año han recibido 38 quejas contra funcionarios públicos, mediante el mecanismo de denuncia “Ponle 0 a la corrupción” con códigos QR en las identificaciones de los trabajadores municipales.

Las dependencias con más señalamientos son la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de Movilidad e Infraestructura, Gestión y Desarrollo Urbano, así como Medio Ambiente, por exceso de funciones, maltrato en el servicio público, prepotencia o ausentarse de sus labores.

Asimismo, se recibieron cuatro denuncias formales contra dos policías municipales, un trabajador de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información (Secati) y la Sindicatura.

En ambos casos, los funcionarios tuvieron que tomar un curso y firmar un compromiso para no volver a incurrir en dichas conductas.

Escandón Torres mencionó que la Contraloría inició de oficio una queja contra un supervisor de Vía Pública, que quedó radicada en el expediente 342/2022, cuestionada respecto a las agresiones que han sido captadas por parte del personal contra vendedores ambulantes.