El convertir un bien público, como el acceso al agua, en un negocio, como ha ocurrido en varios estados del país, sin ofertar sistemas óptimos para el suministro y saneamiento debe considerarse «una violación a los derechos humanos».
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Así lo explicó Alberto Rojas Rueda, coordinador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), quien presentó algunos de los retos ante el desabasto y contaminación del agua.
En rueda de prensa, aseguró que existen factores como el cambio climático, la demanda, escasez del agua y la falta de vigilancia por parte de las autoridades, lo cual permite que las empresas intenten privatizar el servicio al ver a los usuarios como «clientes» y sean omisas de los contratos que hacen con los gobiernos municipales o estatales.
«Darle un valor económico al agua no necesariamente motiva su manejo sustentable, porque comienza a responder a las lógicas del mercado. (…) Hay que recordar que si existen violaciones de algunos organismos operadores, deben denunciarse»
Alberto Rojas Rueda
Coordinador del IMTA
Lamentó que hasta el momento, las empresas y concesionarias de agua en el país se preocupen más por el costo de sus servicios que por crear estrategias de abasto, saneamiento y reutilización del líquido, incluidas las de Puebla, por lo que invitó a denunciarlas en caso de incurrir en alguna falta.
Rojas Rueda destacó que, como institución académica y gubernamental, el IMTA ha participado activamente en la atención del Río Atoyac, sobre todo en la realización de muestreos de calidad del agua, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Destacó que sus estudios fueron utilizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para realizar una serie de recomendaciones, a los tres niveles de gobierno para atender la situación de contaminación en el Atoyac.
También afirmó que existe la necesidad de que los ediles y gobernadores se apoyen en expertos hídricos, para investigar es estado actual de las concesionarias y descartar violaciones a los derechos humanos en el acceso al agua y garantizar el cumplimiento de los ordenamientos locales en la materia, así como la Ley de Aguas Nacionales.
Cabe recordar que en febrero de este año, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, afirmó que la dependencia a su cargo era el único organismo estatal que cumplió con todas las recomendaciones de la CNDH sobre la contaminación y acciones de saneamiento de la cuenca del río.
Foto: Agencia Enfoque
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