¿Crisis constitucional? Es el momento de la política

Onel Ortiz

07/10/2024 6:12pm

La crisis constitucional es una posibilidad latente en México si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decide suspender o revisar el contenido de la reforma al poder judicial recientemente aprobada.

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En un escenario político complejo, es vital que los titulares de los poderes actúen con responsabilidad. La presidenta Claudia Sheinbaum ha marcado un precedente importante al afirmar que no caerá en provocaciones, lo que denota prudencia y un respeto necesario hacia las instituciones. En medio de estas tensiones, es crucial recordar que las palabras, al igual que los hechos, tienen un impacto profundo en el devenir nacional.

En el imaginario colectivo, la noción de un golpe de Estado genera miedo, incertidumbre y esencias de épocas pasadas que México no quiere revivir. Un golpe de Estado, en su definición más precisa, ocurre cuando uno de los poderes desconoce la autoridad o el papel del otro, afectando la estabilidad y la división de poderes que es pilar de la democracia. Por otro lado, un golpe al Estado es aún más grave, y sucede cuando un sector de las fuerzas armadas, o un grupo con acceso a poder militar, se levanta en contra de los poderes constituidos. Afortunadamente, el México actual está lejos de cualquiera de estos dos escenarios.

Lo que enfrentamos hoy, sin embargo, es una posible crisis constitucional. Esta crisis podría desencadenarse si dos circunstancias se materializan. La primera, si la SCJN, por mayoría, decidiera suspender la reforma al poder judicial. La segunda, si la SCJN optara por revisar el fondo de la reforma, es decir, su contenido. El rol de la SCJN en este caso debería limitarse, de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución, a verificar que el proceso de aprobación de la reforma haya sido conforme a lo establecido. No obstante, la revisión del contenido abre una puerta delicada, que podría poner en cuestión el equilibrio entre poderes y desencadenar una confrontación directa.

Uno de los aspectos más preocupantes en este contexto es la falta de imparcialidad entre los integrantes de la SCJN. De los once ministros, ocho se han manifestado públicamente en contra de la reforma, mientras que tres han mostrado su apoyo, incluso en actos públicos. Esto coloca a la Suprema Corte en una posición difícil, donde la percepción de sesgo podría socavar la legitimidad de sus decisiones. En un momento en el que el país necesita estabilidad, los integrantes de la SCJN deben ser particularmente cautelosos en sus actos y decisiones, para evitar caer en provocaciones o ser acusados de parcialidad.

La prisa con la que se aprobó y publicó la reforma también ha generado inconvenientes. El jurista Diego Valadés ha señalado una contradicción significativa entre los artículos 94 y 97 de la Constitución reformada, respecto a los tiempos y mecanismos para elegir al presidente de la SCJN. Mientras el artículo 94 establece una renovación de la presidencia cada dos años de manera rotatoria, el artículo 97 estipula un mandato de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata. Esta discrepancia podría desencadenar un conflicto innecesario, además de requerir una “reforma a la reforma” para evitar confusiones. Las prisas nunca son buenas consejeras en materia constitucional, y este caso es una muestra evidente de las consecuencias de actuar sin el debido análisis y reflexión.

Es precisamente este tipo de contradicciones lo que podría alimentar una crisis constitucional en los próximos días o semanas. La existencia de normas contradictorias, además de ser un ejemplo de la falta de rigor en el proceso de reforma, añade incertidumbre sobre cómo se resolverán los desacuerdos entre los ministros de la SCJN. En este contexto, una confrontación abierta entre los poderes ejecutivo y judicial no es lo que México necesita. Las instituciones deben ser capaces de encontrar caminos de consenso y mantener una postura de respeto mutuo que no derive en una crisis de legitimidad.

Es el momento, más que nunca, de actuar con responsabilidad, decisión y prudencia. Si bien Claudia Sheinbaum ha dejado claro que no buscará un juicio político ni lanzará acusaciones incendiarias contra quienes se oponen a la reforma, la política actual demanda más que palabras conciliatorias. Es hora de construir un diálogo real, un espacio de entendimiento que permita resolver las discrepancias sin recurrir a medidas extremas que puedan poner en riesgo la estabilidad del país.

La SCJN tiene un papel fundamental en la preservación del Estado de derecho. Sin embargo, para que ese rol sea ejercido de manera efectiva y legítima, debe hacerlo con una visión imparcial y apegada a la ley. En este sentido, resulta vital que los ministros de la Corte eviten acciones que puedan ser percibidas como una intromisión en los asuntos de los otros poderes. Revisar el contenido de la reforma, cuando su papel se limita a garantizar la legalidad del proceso de aprobación, podría ser visto como un intento de intervenir en competencias que no les corresponden. Esta situación no solo crearía una crisis entre poderes, sino que también pondría en cuestión la independencia y legitimidad del poder judicial.

La contradicción entre los artículos 94 y 97 de la Constitución no puede ser pasada por alto. Este desajuste no es solo una cuestión técnica o formal; representa un verdadero problema que podría generar interpretaciones contrapuestas sobre la duración y elección de la presidencia de la SCJN. Este tipo de errores deben ser subsanados cuanto antes, y la única forma de hacerlo es mediante una reforma a la reforma, que deje claros los mecanismos y plazos para la elección del presidente o presidenta del máximo tribunal del país.

No podemos permitirnos que una discrepancia legal se convierta en el punto de partida de una crisis mayor. La política, como instrumento de conciliación y construcción de acuerdos, es lo que debe prevalecer en este momento. La presidenta Sheinbaum ha hecho lo correcto al evitar confrontaciones innecesarias, pero es responsabilidad de todos los actores involucrados mantener un diálogo abierto, respetuoso y constructivo. La buena política es aquella que, ante los momentos difíciles, busca soluciones y no confrontaciones. Es tiempo de poner en práctica esa buena política, para que la división de poderes, la estabilidad y el respeto a la ley prevalezcan.

El país enfrenta grandes retos, y la confrontación entre poderes federales es lo que menos se necesita. La SCJN debe actuar con apego a la ley, revisando únicamente la legalidad del proceso de aprobación de la reforma, mientras que el poder ejecutivo y el legislativo deben estar dispuestos a escuchar y, si es necesario, a corregir. Solo así se podrá evitar una crisis constitucional que pondría en riesgo no solo la reforma al poder judicial, sino la credibilidad de las instituciones democráticas.

México está en una encrucijada que requiere de responsabilidad, prudencia y, sobre todo, de buena política. Las instituciones deben dialogar, corregir errores y buscar el consenso, para evitar una crisis constitucional que afecte a todo el país. La SCJN tiene en sus manos la oportunidad de demostrar su compromiso con la ley y la imparcialidad, mientras que el ejecutivo y el legislativo deben actuar con la sensatez que la situación amerita. La estabilidad del país depende de ello, y es momento de estar a la altura de las circunstancias. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

@onelortiz