La inseguridad y la falta de respuesta efectiva de las autoridades locales en Cuautlancingo, Puebla, parecen estar alcanzando niveles alarmantes. El pasado 6 de abril, dos cuerpos fueron encontrados sin vida y envueltos en plástico en la junta auxiliar de Sanctorum. Tras los estudios médicos forenses, se confirmó que ambos fallecieron por asfixia. Sin embargo, hasta el momento, la administración del presidente municipal Omar Muñoz no ha logrado esclarecer el caso, ni proporcionar respuestas claras sobre la identidad de las víctimas o las circunstancias exactas de su muerte.
Véase también: Edil de Cuautlancingo reconoce a su Policía Municipal mientras delincuencia sigue creciendo
Aunque las investigaciones avanzan lentamente, las autoridades ministeriales aún no han logrado identificar a los cadáveres, lo que deja en evidencia la falta de operativos eficaces para recabar información sobre el paradero de las personas desaparecidas en la zona. La falta de respuestas ha generado preocupación en la población, que observa cómo la administración de Muñoz parece estar desbordada frente a la creciente ola de violencia en el municipio.
El hallazgo de los cuerpos ocurrió en una zona industrial de Cuautlancingo, conocida por su alta actividad comercial, lo que plantea interrogantes sobre la presencia de grupos criminales en la región. Las autoridades no han confirmado si este crimen está vinculado a un ajuste de cuentas entre bandas delictivas, pero la forma en que los cuerpos fueron encontrados sugiere que la violencia en el municipio sigue fuera de control. La comunidad espera que la gestión de Muñoz tome cartas en el asunto y brinde mayor seguridad a los habitantes, quienes viven aterrados por la impunidad con la que actúan los delincuentes.
A este crimen se suma otro incidente que pone en entredicho la capacidad de la administración de Omar Muñoz para garantizar el respeto a los derechos humanos. En un video que se ha viralizado en redes sociales, un menor de edad grabó cómo un grupo de policías de Cuautlancingo agredieron a su madre mientras intentaban confiscar su vehículo. Los hechos ocurrieron cuando los uniformados se percataron de que la mujer conducía bajo los efectos del alcohol y decidieron intervenir.
La mujer, que se encontraba con su hijo dentro del automóvil, intentó evitar que le quitaran el vehículo hasta que llegara un Uber que había solicitado para trasladarse con su hijo. Ante su negativa, los agentes la sometieron con violencia, lo que provocó el llanto y la desesperación del niño, quien grababa la escena desde el interior del coche. Este tipo de actuaciones no solo evidencian una falta de formación y control sobre los cuerpos de seguridad pública, sino también una grave violación a los derechos de los ciudadanos.
El video de la agresión se ha convertido en un claro reflejo de la falta de profesionalismo de los policías bajo la administración de Omar Muñoz. Si bien el presidente municipal aún no se ha pronunciado al respecto, la comunidad exige respuestas y acciones concretas para garantizar que la violencia policial no quede impune.
Ambos incidentes —el hallazgo de los cuerpos emplayados y la agresión a la mujer por parte de la policía— dejan al descubierto la incapacidad del gobierno municipal de Cuautlancingo para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos. La administración de Omar Muñoz ha sido criticada por su pasividad ante la creciente ola de violencia que afecta a la región, donde la presencia de grupos delictivos parece estar fuera de control.
A pesar de los esfuerzos por mantener una fachada de orden, los habitantes de Cuautlancingo viven bajo la constante amenaza de la delincuencia, mientras las autoridades parecen más preocupadas por proteger su imagen que por brindar soluciones efectivas a la ciudadanía. La administración de Muñoz está obligada a replantear sus estrategias de seguridad y a asumir su responsabilidad en la protección de los ciudadanos, pues la indiferencia ante estos hechos no hace más que alimentar la impunidad que sigue reinando en el municipio.
El gobierno municipal debe ofrecer una respuesta clara sobre ambos casos y dar un giro en su enfoque de seguridad, que hasta ahora ha sido completamente insuficiente para frenar la violencia en la región.
Foto: Redes
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