La cruzada de la presidencia de la República contra jueces de todo el país ha puesto en jaque al poder Judicial de Puebla, con acusaciones de parcialidad y corrupción.
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Si bien la clase política, organizaciones civiles, juristas y académicos coinciden en que debe evaluarse el funcionamiento del poder Judicial, también se menciona la necesidad de que prevalezcan los derechos humanos a la presunción de inocencia y al debido proceso, pues de esta manera se garantiza el Estado de Derecho.
Académicos entrevistados por El Ciudadano México señalaron que la impunidad debe combatirse de forma integral, ya que en el proceso penal primero intervienen las policías municipales y estatales, luego la Fiscalía General del Estado (FGE) y después el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por lo que culpar sólo al último eslabón, de la exoneración o no vinculación a proceso de personas acusadas, ahorra responsabilidad a las otras partes involucradas.
Es en este contexto en el que el Consejo de la Judicatura de Puebla informó que durante 2023 ha iniciado 160 procesos sancionadores contra el personal del poder Judicial del estado, de los cuales, 60 involucran a jueces de primera instancia.
En lo que va del sexenio 2018-2024, se ha sancionado a servidores públicos, entre ellos a jueces, todos por faltas administrativas y ninguno por alguna causa grave que haya ameritado un proceso penal.
Los acusados del poder Judicial de Puebla
En semanas recientes, el gobierno federal ha denunciado presuntas conductas irregulares de algunos jueces de Puebla, del poder Judicial de la Federación y del estado, como Jorge Eduardo Ramírez Téllez, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en la ciudad de Puebla.
En la conferencia presidencial del martes 22 de agosto, Ramírez Téllez fue señalado de emitir seis sentencias de forma “desfavorable a los intereses de la justicia”.
El 31 de julio se exhibió a Aarón Hernández Chino, juez local de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la región judicial norte, con sede en Zacatlán, por retirar la prisión preventiva a un diácono acusado de violación contra un menor de edad.
El 25 de julio, Francisco Javier Martínez Castillo, juez local de Oralidad Penal de la ciudad de Puebla, fue acusado de favorecer a dos presuntos secuestradores que obtuvieron su libertad al modificarles la medida cautelar de prisión preventiva que tuvieron durante dos años.
El 16 de mayo se denunció que Salvador Hernández Martínez, juez de Oralidad Penal de la región oriente, con sede en Izúcar de Matamoros, concedió la libertad al alcalde morenista de Piaxtla, Miguel Ángel Maceda Carrera, tras reclasificar a culposo el delito de homicidio doloso que se le imputaba, por la muerte de un joven en la comandancia municipal a causa de una golpiza que le propinaron los policías.
En aquella ocasión,Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad del gobierno federal, calificó al alcalde como “delincuente” y señaló que fue liberado gracias a una actuación “irregular” del juez, aunque lo cierto es que el edil no participó en la golpiza y el homicidio se reclasificó a culposo porque trató de encubrir a sus policías.
El poder Judicial no está funcionando adecuadamente: Céspedes
Estos señalamientos se han dado en medio de otros reclamos del presidente López Obrador hacia jueces que han concedido amparos contra la distribución de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que legisladores y gobernantes de Morena se han sumado a cuestionar la conducta del poder Judicial.
El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina refirió la semana pasada que las acusaciones contra jueces de Puebla obedecen a que el poder Judicial local “no está funcionado adecuadamente” y no se puede “cerrar los ojos” ante esa realidad.
Si bien descartó que sea necesaria “una limpia” de personal, vio necesario que el Consejo de la Judicatura realice una revisión de lo que está fallando y fincar responsabilidades a quienes no hagan bien su trabajo.
Simón Alejandro Hernández Limón, coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Ibero Puebla, señaló que las acusaciones públicas vulneran el derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso, además de que generan el “linchamiento” mediático de las personas en redes sociales y medios de comunicación.
Además, advirtió que culpar solamente a jueces de la liberación de personas resta responsabilidad a las instituciones involucradas en las etapas previas del proceso penal, como las fiscalías, que se encargan de la investigación y recolección de pruebas, y las policías estatales o municipales, que fungen como primeros respondieres ante algún delito.
Como la solidez de la carpeta de investigación depende de la actuación de fiscalías y policías, enfatizó que debe ser prioritario reducir el déficit de personal, así como profesionalizar y equipar al que se encuentra en activo, en vez de enfocarse solamente en el último eslabón de la cadena, señaló.
Aunque dijo que son necesarias la evaluación del poder Judicial y la reforma que promueve López Obrador, puntualizó que no deben ser encauzadas con fines políticos, sino con el objetivo de fortalecer a la institución para garantizar el derecho al acceso a la justicia.
Enrique Huerta, docente de la Escuela Libre de Derecho, por su parte alertó que los señalamientos de que jueces “favorecen a delincuentes”, sin profundizar en los motivos de las resoluciones, resultan contraproducentes porque merman la confianza en el sistema de justicia e inhiben la denuncia y abonan al sentimiento social de impunidad que deriva en ajusticiamientos tumultuarios o linchamientos.
Puebla: 160 procesos abiertos; 60 son contra jueces
Luego de las acusaciones contra jueces de Puebla, el presidente del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana, dio a conocer la semana pasada que están abiertos 160 procesos administrativos contra personal del poder Judicial del estado.
Del total de investigaciones, 60 corresponden a jueces de primera instancia, es decir, de lo civil, de lo familiar, penales, de tribunales laborales, de oralidad penal, especializados, municipales y jueces de paz.
El consejero reconoció que las indagatorias incluyen a los jueces señalados en las conferencias presidenciales y convocó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad, pues el objetivo es detectar y sancionar malas prácticas que obstaculizan la impartición de justicia.
La Constitución del estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que es irrenunciable el cargo de juez y quienes lo ejercen solo pueden perderlo mediante una destitución o inhabilitación por alguna falta grave, mientras que las faltas no graves se sancionan con la suspensión de las funciones, multas o amonestaciones.
El artículo 86 de la Ley Orgánica señala que los jueces y juezas del poder Judicial sólo serán responsables por sus interpretaciones o resoluciones “cuando se compruebe que hubo cohecho o mala fe”.
Además de que el Consejo de la Judicatura tiene la obligación de denunciar ante la FGE algún delito cometido por el personal, también se encarga de resolver las denuncias por responsabilidades administrativas, como: aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona, del poder Judicial u otro; tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar; el nepotismo, entre otros.
De acuerdo con la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en el primer semestre del año no se sancionó a ningún servidor público del poder Judicial, aunque en un comunicado difundido en junio, se informó la suspensión de María Gabriela Durán Gaspar, jueza de lo Civil del distrito de Cholula, por presuntas faltas administrativas que serían investigadas mientras se separaba del cargo de manera provisional.
El registro de servidores públicos sancionados indicó que en 2022 se dictaron siete sentencias, dos de ellas contra los jueces Roberto Mendoza Salmorán y Enrique Zepeda Camacho, consistentes en una amonestación pública y una multa de 20 mil pesos, respectivamente, el primero por demorar en el trámite de un asunto y el segundo por ausentarse de sus funciones sin permiso del Consejo de la Judicatura.
El directorio del poder Judicial del estado, disponible para su consulta en su página de internet, señala que en Puebla hay 136 jueces y juezas de primera instancia, además de 28 magistrados y magistradas.
Ilustración: Iván Rojas
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