Por Onel Ortiz Fragoso
El video impacta. Permite conocer hechos contundentes. El Mini Cooper, conducido a exceso de velocidad, perdió el control, entró a la curva y mató a Jorge Claudio, cuarenta y dos años de edad, esposo, padre y tamalero. El conductor huyó. Más adelante policías de Cuautitlán Izcalli detuvieron al conductor. Después, por medio de su aseguradora fue liberado. En las redes sociales, el video fue reproducido por miles, generó protestas. El tema llegó a la conferencia mañanera de AMLO. El Presidente prometió justicia, el gobernador del Estado de México actuó. El caso fue reclasificado y el conductor detenido nuevamente. El video demuestra la imprudencia del conductor, pero lo que realmente provocó indignación fue la liberación de este tipo y la cantidad que pretendían pagar como indemnización.
Jorge Raziel Claudio, hijo del vendedor de tamales atropellado, declaró: «La cantidad que se menciona (230 mil pesos) fue la que mi abogado me habló. Me dijo que es la cantidad que cubre el seguro, del otro señor, y me dijo que por ley eso era sólo lo que se nos iba a indemnizar y nada más. Que él se hizo cargo de los gastos, no se nos ha informado nada a nosotros».
El Código Penal del Estado de México establece que en casos de homicidio, sin importar si se trata de un crimen doloso o culposo, se tiene que pagar una indemnización de al menos 2 mil 195 días de salario. Pero al convertirlo a Unidades de Medida y Actualización (UMA) que en el Edomex es de 96.22 pesos en 2022, la indemnización mínima por homicidio es de 211 mil 202 pesos con 90 centavos. Eso es lo que vale una vida en el Estado de México.
El expediente tiene un enfoque jurídico que debe seguir su curso de acuerdo al debido proceso. Se convirtió en un tema político para AMLO, para el gobernador del Estado de México y para el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, particularmente este año que habrá elecciones para definir al nuevo gobernador. Sin embargo, la vertiente más impactante es la desigualdad en el acceso a la justicia y la falta de oportunidades.
Jorge era uno de los miles de vendedores informales que viven al día, que no tienen vacaciones, que no pueden enfermarse, que no tienen ninguna de las prestaciones. Muchos de ellos son el botín político de partidos y personajes. Más en el Estado de México, donde la única ley que vale es el dinero y las influencias.
Mucho se habla, y con razón, de los grandes esfuerzos que los migrantes hacen al enviar remesas al país. Pocos hablan de los vendedores ambulantes e informales que representan entre el 10 y el 20 porciento del PIB. En febrero del año pasado, el INEGI informó que en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas había un poco más de 13 mil negocios registrados que se dedicaban a la producción y venta de tamales.
Para la ley, la vida de Jorge vale menos de un cuarto de millón de pesos, para sus hijos y familiares no hay pago que compense la pérdida. Si no hay igualdad, por lo menos que haya justicia. Eso pienso yo, ¿usted qué opina?
@onelortiz
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