Por Varsha Gandikota-Nellutla
Traductorxs Tim Swillens and Maria Inés Cuervo
Al entrar en el tercer año de la crisis de Covid-19, hay dos batallas en marcha. Una está protagonizada por lxs cuidadorxs del mundo en hospitales saturados, que luchan por acabar con la pandemia. La otra la protagonizan lxs ejecutivxs de las empresas en salas de juntas cerradas, que luchan por prolongarla.
La pregunta central de ambas es la siguiente: ¿quién controlará las fórmulas médicas que valen miles de millones de dólares y millones de vidas?
Mientras algunos países ponen en marcha programas de refuerzo, menos del 6 por ciento de los más de mil millones de personas de África han sido totalmente inoculadas. Las grandes empresas farmacéuticas están dejando que la pandemia continúe y por qué no, según cálculos recientes, se espera que Pfizer obtenga unos beneficios astronómicos –107.000 millones de dólares en ventas acumuladas para finales de 2022 con sus vacunas contra el Covid-19, consideradas ahora un «mega éxito». La clave es el control total de la producción, el precio y las ganancias. Si más fábricas, dondequiera que estén, pudieran empezar a producir vacunas para la gente de sus países, empresas como Pfizer perderían su monopolio. Ellos lo saben.
En estos momentos, la Organización Mundial del Comercio está estudiando una propuesta para la exención temporal de la protección de las patentes para las recetas de las vacunas. Más de 164 países la han apoyado. Pero la industria farmacéutica está luchando, con fuerza, a través de los gobiernos a los que presiona. La Unión Europea, el Reino Unido, Suiza, Noruega y Singapur la han bloqueado con éxito durante más de un año.
Pero mientras lxs ministrxs se reúnen, una vez más, en Ginebra el 30 de noviembre, un nuevo movimiento mundial está preparando su lucha: 2,5 millones de enfermerxs están llevando a estos criminales del Covid-19 a los tribunales. En un movimiento sin precedentes, sindicatos de 28 países –coordinados por Global Nurses United y la Internacional Progresista– han presentado una denuncia ante las Naciones Unidas alegando violaciones de los derechos humanos por parte de estos países durante la pandemia de Covid-19, cuyo final, escriben, «no está a la vista».
En una reunión a puerta cerrada sobre cómo hacer llegar más vacunas a los más pobres del mundo, el director general de Pfizer atacó al Dr. Tedros, jefe de la Organización Mundial de la Salud, por hablar de forma «emocional» cuando pidió un mayor equilibrio en la distribución mundial de vacunas. De Brasil a la India, de Estados Unidos a Taiwán, lxs enfermerxs están sacando a relucir sus emociones. Han estado en primera línea de la respuesta a la pandemia de Covid-19 y han sido testigos del asombroso número de muertes y del inmenso sufrimiento causado por la inacción política. Desde la primera línea, se preparan para pedir cuentas a estos países con un grito de guerra: Nosotrxs, quienes cuidamos, damos fe. Ahora, testificamos.
La denuncia de lxs enfermerxs no es simplemente una lucha legal: es un llamado radical a desenmascarar y derrotar a los gobiernos que han tomado como rehén la vida de las personas para servir a las superganancias corporativas.
Lxs dirigentes de estas naciones han sido explícitxs sobre el mundo que pretenden construir: al principio de la pandemia, el comité selecto de asuntos exteriores del parlamento británico pidió un «G20 para la salud pública». Se trata de una analogía reveladora. Al igual que el G20, estos países han secuestrado las instituciones internacionales y han vulnerado activamente la soberanía de otras naciones, mientras disfrutan de total impunidad por sus acciones.
Consideremos el principal oponente a la propuesta de exención en la OMC: la UE. En mayo de 2020, parlamentarixs europeos, lxs únicxs miembros elegidxs directamente por lxs ciudadanxs en el sistema de la UE, votaron a favor de la exención para «hacer frente a las limitaciones de la producción mundial y la escasez de suministro». Sin embargo, durante los seis meses siguientes, la Comisión Europea, que negocia en nombre de Europa en la OMC, se ha resistido obstinadamente a la exención. Esto no es nada sorprendente si observamos con quién se reúnen lxs comisionadxs europexs y sus gabinetes: desde marzo de 2020, han mantenido 161 reuniones con las grandes farmacéuticas en el mismo periodo de tiempo en el que consiguieron reunirse con una ONG a favor de la exención.
Nada se interpuso en su camino mientras estrangulaban la democracia y daban rienda suelta a un virus mortal. Ni las organizaciones mundiales de la salud, dos tercios de las cuales tienen su sede en los Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza. Ni las instituciones internacionales, cuyas agendas de austeridad, durante décadas, han diezmado los sistemas de salud pública en los países en desarrollo, incluso cuando el 83 por ciento de todo el gasto gubernamental en salud se produjo en el mundo rico. Ni la Fundación Bill y Melinda Gates, que resulta que urgió a Oxford a revocar su decisión de compartir su tecnología de vacunas con el mundo.
Lxs criminales de Covid-19 han dejado claro su desprecio por los derechos humanos universales y el derecho internacional. Ahora nos corresponde reclamar el enorme poder que tienen la carta de la ONU, la OMC, la OMS y el derecho internacional y desplegarlos como herramientas. Por ello, esta coalición transnacional está movilizando a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU –para que investiguen– y se pronuncien contra los gobiernos en cuestión.
En la denuncia dirigida al Dr. Tlaleng Mofokeng, Relator Especial de la ONU para la Salud Física y Mental, articulamos nuestras demandas:
En primer lugar, emprender una misión urgente a la Organización Mundial del Comercio: durante demasiado tiempo, estos países han sido completamente irresponsables, disfrazando su sumisión a los intereses corporativos detrás de una jerga técnica. Sus días de impunidad han terminado.
En segundo lugar, determinar que la obstrucción de la exención constituye un incumplimiento continuado de las obligaciones de estos gobiernos de garantizar el derecho a la salud física y mental de todxs. La salud es nuestro derecho. Lo que estamos presenciando no puede definirse como una ineficacia de nuestro sistema, o el fracaso de nuestra política –es, en términos inequívocos– un crimen contra todxs nosotrxs.
Lxs enfermerxs han dado su testimonio: «Estos países han violado nuestros derechos y los derechos de nuestros pacientes –y han causado la pérdida de innumerables vidas– de enfermerxs y otrxs cuidadorxs y de aquellxs a quienes hemos cuidado».
Hoy es el día en el que comienza el histórico caso de lxs Cuidadorxs del mundo contra lxs Criminales del Covid-19.
Varsha Gandikota-Nellutla es la coordinadora del pilar político de la Internacional Progresista, llamado Plan.
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