Francisco Herrera Coca
El presidente de México reaccionó de inmediato y llamó a revisar los datos que aparecen en el informe del organismo a cargo del auditor, David Colmenares Páramo.
La auditoría de desempeño, publicada por la ASF, desglosó los costos derivados por la cancelación del NAIM en dos grandes rubros.
La primera categoría corresponde a los gastos erogados en 2019, que suman la cantidad de 163 mil 540.7 millones de pesos e incluyen:
Costos económicos (no recuperables) por 78 mil 127.2 millones de pesos; divididos en inversión ejercida en la construcción del proyecto (70 mil 497.4 mdp) y terminación anticipada de los contratos adscritos (siete mil 629.8 mdp).
Costos financieros (derivados del esquema de financiamiento) por 84 mil 915 mdp; divididos en liquidación de la Fibre E (34 mil 027.2 mdp) y la recompra de los bonos emitidos (50 mil 8887.8 mdp).
Por último, los costos legales por asesoría y representación legal por 485.5 mdp.
La segunda categoría son los gastos adicionales, que suma 168 mil 455.8 mdp por los bonos en circulación.
Al respecto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, aclaró en un video algunos errores en el conteo y señaló que el 75 por ciento de las cantidades presentadas en el informe no existen.
“Quien elaboró esto confundió las operaciones netas con las operaciones brutas”, dice Herrera, y aclaró que los 84 mil 915 mdp que se obtuvieron por la venta de bonos, no se habían gastado, por lo que se devolvieron y no generarán el gasto que señaló la ASF.
También cuestionó la cifra de gastos adicionales, ya que, según Herrera, el costo de los bonos en circulación es de alrededor de 84 mil mdp, la mitad de lo que aseguró la Auditoría.
El titular de Hacienda reconoció que siempre hay diferencias en los criterios, pero en este caso el problema fue “la no utilización de criterios contables básicos y criterios financieros extraordinariamente elementales (…) o hay un problema de preparación básica de quien formuló esto o hay un problema francamente de mala fe de quien dio a conocer el reporte”.
La ASF aclara el error
La noticia del costo se propagó a gran velocidad tanto en medios nacionales como internacionales. Lo mismo sucedió con el reclamo presidencial, que llevó a legisladores y legisladoras, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN), a decir que López Obrador le faltó al respeto a la autonomía de la ASF.
Todo cambió cuando la propia Auditoría emitió un comunicado donde reconoció que “existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco”.
En el documento, firmado por Agustín Caso Raphael, auditor Especial de Desempeño, se afirmó que “Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica”.
La auditoría contó dos veces los bonos en circulación, los cuales ya estaban incluidos en los costos de inversión ejercida; además de que se contemplaron intereses de vencimientos futuros que sólo representarían un gasto si los bonos no fueran rescatados.
La aclaración concluye con la promesa de que, una vez que cuenten con más elementos, darán a conocer el resultado final de la auditoría número 1394-DE.
Tras revelarse esta información, la bancada panista en el Senado cambió su discurso y pidió la renuncia del titular de la ASF, David Colmenares, por “no saber de aritmética” y por poner en entredicho la reputación de la institución que dirige.
Finalmente, en la conferencia matutina del 25 de febrero, el presidente López Obrador leyó una carta dirigida la presidencia del Senado, donde se refirió al informe como “tendencioso y falso”.
Consideró que dicho error no obedece a una “deficiencia técnica, sino a una intencionalidad política”. Cerró la lectura pidiendo una investigación para conocer las razones que llevaron a cometer dichos errores en la auditoría.
Dos polémicas
En 2018, poco después de ganar las elecciones presidenciales, López Obrador convocó a una consulta ciudadana previa a la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, la mayor obra de infraestructura del gobierno del priísta Enrique Peña Nieto.
Luego de que la consulta, AMLO anunció la cancelación definitiva del proyecto, lo que desató las críticas lo mismo en medios de comunicación que en la cúpula empresarial, pese a los señalamientos de corrupción que rodearon la obra o a los llamados del extitular de Conagua, José Luis Luege Tamargo, del desastre ambiental que provocaría edificar el NAIM en el antiguo lago de Texcoco.
Una vez que se resolvió el asunto de la compra de bonos por parte del gobierno mexicano a los inversionistas, las críticas se orientaron al nuevo aeropuerto que se construye en Santa Lucía y, poco a poco, el tema del NAIM fue quedando en el olvido, hasta la aparición del informe antes mencionado.
En marzo de 2018, la Cámara de Diputados eligió a David Colmenares Páramo como titular de la Auditoría Superior de la Federación. Su nombramiento fue apoyado por varios partidos, entre ellos Morena y el PRI.
Ya como auditor, una de sus primeras acciones fue correr de la ASF a Muna Dora Buchahin, en ese entonces directora General de Auditoría Forense y responsable del caso conocido como La Estafa Maestra, que significó el desvío de más de siete mil millones de pesos por parte de funcionarios del gobierno de Peña Nieto y por el cual enfrenta un juicio Rosario Robles.
David Colmenares ya anunció que no renunciará a su cargo. Mientras, se vislumbra una nueva polémica, luego de que la secretaría de Energía, Rocío Nahle, anunció que el informe de la ASF sobre la construcción de la refinería Dos Bocas, en Tabasco, también tiene “grandes errores en su análisis”.
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