Las cuentas públicas que son presentadas ante el Congreso local ya no se pueden reabrir; no obstante, si existe alguna observación específica se revisará otra vez, señaló Rubén de la Fuente Vélez, encargado de despacho de la Auditoria Superior del Estado (ASE).
En entrevista, señaló que las denuncias que presentaron los presidentes municipales de Chignahuapan y Zacatlán, sobre obstrucción de la información y extorsiones serán analizadas en los próximos días.
Explicó que por ahora se enfocarán en terminar el proceso de entrega-recepción y realizar una evaluación del padrón de auditores externos, para documentar las omisiones, así como faltas que puedan encontrarse.
Rubén de la Fuente evitó pronunciarse a favor o en contra del trabajo del exauditor Francisco Romero Serrano; tampoco dijo si existen garantías en las tareas de fiscalización que se realizaron bajo su mando.
“El contador Romero no está en condiciones de hacer una entrega, de manera que yo tengo que analizar la situación interna de la Auditoría. Del trabajo que realizó no puedo opinar, ni puedo juzgar o cuestionar, porque para eso necesito contar con elementos suficientes para emitir opinión”
Aseguró el encargado de despacho.
Cabe recordar que durante la sesión extraordinaria en la que se concretó la remoción de Francisco Romero, el diputado panista Oswaldo Jiménez López dijo que era necesario revisar de nuevo los dictámenes de los 347 sujetos obligados del estado de Puebla, para darles certeza jurídica.
Hubo incertidumbre, pero la Auditoría está trabajando
Rubén de la Fuente Vélez afirmó que la ASE no detuvo sus actividades en ningún momento y que será a finales de abril cuando se entreguen los dictámenes de fiscalización correspondientes al periodo 2020 ante el Congreso del Estado.
Añadió que ese periodo no comprende las observaciones realizadas a la administración de Claudia Rivera Vivanco, ya que pertenece a la revisión que se tiene que hacer a la cuenta pública de 2021.
También reconoció que la situación penal de Romero Serrano afectó la imagen de la Auditoría, pues al vincular a un ente fiscalizador con actos de corrupción, se pierde la confianza institucional.
Comentó que durante el mes y medio en el que se desempeñó como auditor interino se reportaron al menos 20 bajas al interior de la ASE; sin embargo, aseguró que se trataron de renuncias y no de despidos, como acusó Romero Serrano, aunque no negó que fueran personas cercanas a él.
Foto: Twitter