Desbloqueo de cuentas congeladas: UIF señala corrupción en el Poder Judicial

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha denunciado que el Poder Judicial ha liberado 23 mil 575 millones de pesos de cuentas previamente bloqueadas por presuntos casos de corrupción y lavado de dinero. Desde el 1 de diciembre de 2018, la UIF ha congelado cuentas con un monto total de 32 mil 531 millones de pesos, sin embargo, mediante juicios de amparo, los presuntos responsables han logrado el desbloqueo de una gran parte de estos recursos.

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Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó estas resoluciones judiciales como actos de corrupción, asegurando que la UIF solo congela cuentas cuando existen evidencias de malos manejos financieros vinculados a delitos de cuello blanco o delincuencia organizada.

«La corrupción de los jueces y de muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es otra razón para lo que va a suceder el 1 de junio».

Claudia Sheinbaum

Presidenta de México

Por su parte, el titular de la UIF, Pablo Gómez, lamentó que los jueces concedan suspensiones provisionales en juicios de amparo, permitiendo a presuntos responsables acceder a sus recursos sin que haya una resolución de fondo.

«Esto no puede ser producto de otra cosa que estructuras de corrupción. No es un simple error judicial cuando todos los jueces actúan en la misma dirección».

Pablo Gómez

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

Entre diciembre de 2018 y marzo de 2025, la UIF ha incluido a 7 mil 815 personas y empresas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Sin embargo, 1,270 sujetos han sido desincorporados, permitiéndoles operar nuevamente dentro del sistema financiero. Actualmente, la LPB mantiene a 6 mil 545 personas bloqueadas.

Para reforzar el control sobre recursos de origen ilícito, Sheinbaum anunció que el gobierno enviará nuevas iniciativas al Congreso con el objetivo de fortalecer los mecanismos de bloqueo de cuentas y evitar que el Poder Judicial revierta estas medidas sin un juicio de fondo.

Caso Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga

En el contexto de estas denuncias, la UIF destacó el caso de la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga. Ambos enfrentan acusaciones de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero por el desfalco de aproximadamente 3 mil millones de pesos mediante empresas fantasma. Aunque se han girado órdenes de aprehensión en su contra desde 2021, la pareja sigue prófuga en Estados Unidos.

Gómez Álvarez condenó que sus cuentas hayan sido liberadas sin una sentencia definitiva y advirtió que existen cientos de casos similares donde presuntos responsables logran evadir la justicia gracias a resoluciones judiciales. «Esperamos que sean extraditados y enfrenten a los tribunales mexicanos», puntualizó el titular de la UIF.

El gobierno federal busca endurecer las medidas contra el lavado de dinero y la corrupción, pero el enfrentamiento con el Poder Judicial se mantiene como un obstáculo para el fortalecimiento de estos esfuerzos. La discusión sobre el papel de los jueces en estos procesos seguirá siendo un tema central en la agenda política del país.

Foto: Redes

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