A un mes de la explosión de un gasoducto en San Pablo Xochimehuacan y la demolición de 59 viviendas que terminaron dañadas, familias afectadas de la junta auxiliar de Puebla aún desconocen cómo reconstruirán sus casas en una posible reubicación.
Es el caso del señor Ernesto, cuya vivienda estaba a unos 200 metros de la zona cero y a escasos 12 metros de las vías del tren, pues el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) aún no le confirma si tendrá una nueva casa o será trasladado a otra zona.
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Junto a su casa fueron derribados cuatro inmuebles que “pertenecían a la familia”, lotes que fueron heredados a él y sus hermanos por sus padres hace más de 50 años y que ahora sólo queda terracería, así como restos de construcción.
Pese a no tener respuesta clara, el poblador comenta que ya firmó con las autoridades para el avance en la recuperación de su patrimonio, mientras que, son al menos 10 vecinos, que aún no acuerdan con el gobierno la indemnización por la explosión del gasoducto.
“Sí vinieron, nos hicieron firmar y nos dijeron que nos iban a reconstruir y todo, ahora dicen que no, o a lo mejor sólo soy yo, porque estoy en el área de riesgo (…) y ahorita me explican que las leyes ya cambiaron”.
Ernesto
Damnificado de San Pablo Xochimehuacan
Previo a una nueva reunión entre la autoridad y los afectados, los vecinos delimitaron sus lotes respecto cómo estaban las viviendas, aunque Ernesto comenta que podrían recorrerse por la distancia de las vías y dejarlo “sin cacho” al encontrarse en la esquina de la avenida.
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Por su parte, el señor Rubén indicó que la autoridad no ha especificado cómo será la reconstrucción de las viviendas, pues en el caso de su hermana, tenía cuartos construidos y el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, informó la construcción de casas de 80 metros cuadrados.
Señaló que fue una barda de su terreno la que resultó dañada, por ello él y su familiar firmaron, por lo que ahora esperan la respuesta del gobierno, pues sólo les han informado que habrá más demoliciones en las siguientes semanas.
Rubén contó que, desde hace 70 años, vive en la junta auxiliar y que los predios fueron heredados “con todo papel en regla” e incluso señaló que Petróleos Mexicanos (Pemex) notificó la construcción del gasoducto y delimitó el territorio.
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A decir del poblador, la paraestatal advirtió una vida útil del ducto durante su instalación en 1960, sería menor a 25 años, y aseveró que no hubo mantenimiento al canal, mientras que la mancha urbana continuó en crecimiento a los costados de la avenida “Gasoducto”.
Tentativamente, los pobladores afectados serían reubicados a un predio cercano al Hospital Psiquiátrico “El Batán”, al otro extremo de la junta auxiliar, en terrenos sin ocupar, pues en un principio los damnificados se opusieron por la distancia.
Foto: Humberto Aguirre