El activista Ángel Manuel López Rafael fue detenido en los separos del municipio de Jolalpan luego de pedir la anulación del plebiscito en Huauchinantla, por lo que inició una queja ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Fue el pasado viernes cuando el representante de la Confederación de Asociaciones Civiles del Estado denunció la aprehensión aparentemente arbitraria, en el salón de Cabildo del ayuntamiento que gobierna Olga Rosas Parra.
López Rafael acudió a la demarcación por «invitación» de los pobladores para demandar la nulidad de la elección en la junta auxiliar, al alegar que la convocatoria tenía irregularidades, pues limitó el número de planillas, además de que no se publicaron los resultados en mantas fuera del centro de votación.
El activista y los inconformes ingresaron al inmueble municipal «de manera pacífica», sin embargo, al no obtener respuesta un hombre llamado José María Luna Benítez, que se ostentó como asesor jurídico de la Comuna, obligó a los quejosos a desalojar.
Con uso de la fuerza, aseguró López Rafael, policías municipales quitaron los celulares a los protestantes, para después someter y esposar al activista, quien fue trasladado a los separos pese a que denunció una detención sin fundamento legal.
Tras horas detenido, salió libre para acudir ante la CDH la detención, mientras que en la FGE presentó una denuncia por aparentes lesiones a periodistas, por lo que señaló directamente al síndico de Jolalpan, Alberto Ríos Barrera, de «incitar» la detención.
López Rafael aseguró que está detención era una violación a sus derechos humanos, al insistir que protestaban de manera pacífica, luego de que la Comuna no dio respuesta a la inconformidad por el plebiscito
En este sentido, demandó la destitución del Cabildo de Jolalpan, al asegurar que la Ley Orgánica Municipal señala la suspensión de funcionarios en caso de violaciones a derechos humanos.