Deudores alimentarios, un problema en 37% del territorio poblano

Desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de octubre de 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla acumuló un total de 597 denuncias por falta de pago de pensiones alimenticias, las cuales se registraron en 82 municipios.

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Lo anterior quiere decir que el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar es un problema que ha tenido presencia en más del 37 por ciento del territorio poblano.

Datos del organismo que encabeza Gilberto Higuera Bernal detallan que la capital del estado registró 272 denuncias contra personas que incumplieron con su obligación de proporcionar alimentación a sus hijos a pesar de ser su deber ante la ley, mismas que equivalen al 45.56 por ciento del total.

A la capital poblana le siguen San Pedro Cholula (29), Tehuacán (26), San Andrés Cholula (24), Huauchinango (22) y San Martín Texmelucan (15), que en conjunto registran 116 denuncias por este incumplimiento alimentario, el cual también abarca el vestido, techo, recreación, atención médica, educación y gastos de embarazo y parto por parte de la persona obligada por ley.

De igual forma, destacan Zacatlán con 15 denuncias, Atlixco, que acumuló 13 y Huejotzingo, que hasta el pasado 31 de octubre tenía 11, mientras que Teziutlán, Amozoc y Cuautlancingo tienen siete cada uno.

Los municipios de Izúcar de Matamoros y Acatlán tienen 6 denuncias, y Atempan, Acajete, Tepeaca y Palmar de Bravo registran 5 cada uno. Asimismo, en Cuetzalan, Tecamachalco y Tlahuapan hay 4 personas denunciadas por el municipio. Asimismo, Ajalpan, Coronango, Cuautinchán y Tepexi de Rodríguez hay 3 por demarcación.

La Fiscalía también detalla que de enero a octubre de 2022 Puebla sumó 249 carpetas de investigación por falta de pago de pensión alimentaria, pero éstas incrementaron durante el mismo lapso del 2023, cuando éstas pasaron a 303.

En Puebla se exige la creación de un padrón estatal de deudores

El Frente Poblano contra Deudores Alimentarios ha demandado la creación de un padrón estatal conformado por individuos que no haya cumplido con sus obligaciones, pues ayudaría a tener más control sobre la situación que se vive en cada caso.

El Congreso del Estado de Puebla aprobó el pasado 17 de noviembre una iniciativa de reforma al Código Civil, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica del Poder Judicial, como parte de la llamada Ley Sabina.

Dicha disposición obliga al Poder Judicial de Puebla a informar sobre sujetos que sean deudores, a fin de que aparezcan en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentaria, lo cual implica una serie de prohibiciones para los incumplidos.

Esto porque el registro establece que todo aquel que aparezca en él no podrá salir del país, ni tendrá la posibilidad de ocupar cargos públicos o tramitar una licencia de manejo.

De igual forma, a partir de esta modificación se establecerá que uno de los requisitos para la adopción sea que ninguno de los adoptantes forme parte del registro nacional de deudores. 

Ilustración: Iván Rojas

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