Mérida, Yucatán. Diputadas de Morena y Movimiento Ciudadano han presentado iniciativas para despenalizar el aborto en la entidad. Buscan reformar la Constitución local, el Código Penal y la Ley de Salud, eliminando la criminalización de quienes interrumpen su embarazo.
Cumpliendo con la SCJN y avanzando en derechos
La presentación de estas iniciativas responde a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2024, que instó al Congreso de Yucatán a derogar las normas que penalizan el aborto. A pesar de que la SCJN declaró inconstitucionales estas disposiciones en 2021, la legislación estatal aún impone sanciones.
Amelia Ojeda, asesora jurídica de UNASSE, denunció que en Yucatán continúa la criminalización del aborto. «Hemos acompañado casos de mujeres y adolescentes denunciadas por ejercer su derecho a decidir», afirmó.
Las iniciativas presentadas
La diputada de Morena, Clara Rosales, elaboró su propuesta junto con organizaciones como UNASSE, Abortistas MX e Igualdad Sustantiva Yucatán. Busca reformar el Artículo 1 de la Constitución local para reconocer el derecho a una vida digna en lugar de proteger la vida desde la fecundación.
“La SCJN ya determinó que proteger la vida desde la concepción atenta contra los derechos humanos y el principio propersona”, explicó Andrea Tamayo, consultora legislativa.
La diputada Larissa Acosta, de Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta respaldada por CEJUDI y otras organizaciones. Su iniciativa también plantea modificar el Código Penal y la Ley de Salud, incluyendo un reconocimiento explícito a los hombres trans en el acceso a la interrupción legal del embarazo.
Salud, derechos y objeción de conciencia
Las reformas buscan garantizar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Proponen eliminar trabas burocráticas y asegurar que la atención médica respete los derechos de quienes deciden abortar.
Uno de los puntos clave es regular la objeción de conciencia. Se plantea que quienes ocupen cargos de jefatura en instituciones de salud no puedan negarse a brindar atención basada en creencias personales.
“En Yucatán ni siquiera hay garantía de acceso a métodos anticonceptivos. Las mujeres son obligadas a continuar con embarazos no deseados porque el Estado decide sobre sus cuerpos”, denunció Tamayo.
Una deuda histórica con las mujeres y disidencias
Las legisladoras recordaron casos como el de Evelia, mujer maya que pasó 10 años en prisión tras ser injustamente acusada de homicidio en razón de parentesco por un aborto espontáneo. También alertaron sobre los altos índices de embarazo adolescente y violencia sexual en la entidad.
“Mientras sigamos con un Código Penal que criminaliza el derecho a decidir, jueces sin perspectiva de género seguirán condenando a mujeres y personas gestantes«, advirtió Acosta.
Diálogo con todos los sectores
Las diputadas han sido contactadas por grupos antiderechos que buscan influir en la discusión. No obstante, han reiterado que están dispuestas a escuchar a todos los sectores sin frenar el avance de las reformas.
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“No podemos esperar más. Es momento de que mujeres, hombres trans y personas gestantes puedan decidir sin miedo a ser criminalizadas. Las niñas no son madres por decisión propia, sino víctimas de un sistema que les impone una maternidad forzada”, concluyó Rosales.
Fotografía: Redes
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