La Fundación ONR se encuentra en el centro de una serie de investigaciones y denuncias que involucran presunta trata de personas, explotación laboral de menores, fraude y maltrato animal, según revelaron autoridades locales y organizaciones civiles.
Véase también: Diputados exhortan al alcalde de Tehuacán a actuar dentro de los límites de la ley
En una sesión reciente de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales del Congreso del Estado, el diputado Roberto Zataráin Leal denunció públicamente a la organización por supuestamente reclutar a menores de edad para obligarlos a pedir dinero en centros comerciales de Puebla y otras ciudades del país. Según el legislador, la fundación impone cuotas diarias a los jóvenes, quienes son amenazados con maltratos físicos si no logran la meta establecida.
La denuncia fue formalmente entregada a la asesora de la Fiscalía General del Estado, Angélica Gómez Tello, quien confirmó que el caso ya es objeto de una investigación. La fiscalía busca determinar la posible judicialización de los hechos y sancionar a los responsables.
Zataráin Leal detalló que, de acuerdo con testimonios ciudadanos, la fundación ONR opera bajo un modelo que aparenta ser altruista, pero en realidad se asemeja a un esquema piramidal de lucro. Jóvenes y adultos en situación vulnerable son convencidos de que colaboran con una causa social, pero el dinero recaudado no llega a quienes se dice apoyar.
La fundación tiene presencia en al menos nueve estados del país: Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guadalajara, Tlaxcala, Morelos, Veracruz y Nuevo León. En cada uno de estos puntos, cuenta con coordinadores y colaboradores responsables de reclutar personal y supervisar las actividades de recolección de fondos.
Las denuncias contra la fundación no son recientes. En diciembre de 2024, el diputado ya había advertido sobre posibles actos de fraude, al asegurar que la organización recurre a mascotas aparentemente drogadas para generar lástima en el público y obtener donativos, y que existen inconsistencias en sus registros oficiales.
A esto se suma una ola de quejas en redes sociales y testimonios anónimos de excolaboradores que aseguran haber sido víctimas de amenazas, abusos físicos y manipulación. Algunos revelaron que se les ofrecían incentivos económicos para subir de puesto dentro de la fundación, pero que gran parte del dinero que recaudaban iba directamente a los líderes de la organización en cada estado.
En 2023, Eduardo Rivera Pérez, se pronunció al respecto y pidió a los ciudadanos afectados que presenten sus denuncias directamente ante el Ayuntamiento o a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Reconoció que se ha detectado a personas pidiendo dinero de forma agresiva en la vía pública, supuestamente en nombre de causas sociales, incluidas las que alega apoyar la Fundación ONR.
Desde el 2020, asociaciones de protección animal como Ángeles Peludos Puebla A.C. y Fundación Patitas Enlodadas A.C. han desmentido públicamente cualquier vínculo con la ONR, asegurando que nunca han autorizado a nadie a pedir dinero en su nombre. Advirtieron que, lejos de ayudar, estas acciones les restan credibilidad y dificultan el apoyo real que reciben.
La fundadora del refugio de animales “Ada Azul”, en Xalapa, también denunció que personas identificadas con la fundación solicitaron donativos en su nombre sin autorización. Afirmó que los únicos apoyos que recibió por parte de ONR fueron simbólicos, como la entrega de tres bultos de croquetas, pero que después continuaron usando su nombre para recaudar dinero en diferentes estados.
Actualmente, la fundación está registrada oficialmente como una Organización de la Sociedad Civil ante el SAT, lo que le ha permitido operar legalmente y recibir apoyos institucionales. No obstante, diversas irregularidades detectadas en sus domicilios fiscales y en la identidad de su representante legal, Beatriz Guadalupe Moras Sanabria, han levantado sospechas sobre la transparencia de sus operaciones.
Hasta ahora, la Fundación ONR no ha emitido una respuesta oficial sobre las acusaciones, pese a los intentos de contacto por parte de medios de comunicación. Además, se ha confirmado que ni las instalaciones de la fundación ni los números telefónicos que figuran en su registro responden a los intentos de contacto, lo que incrementa las sospechas sobre la veracidad de sus operaciones.
Autoridades estatales y municipales continúan recabando información y exhortan a los ciudadanos a no entregar donativos en la vía pública sin verificar la legitimidad de las organizaciones involucradas.
Foto: Página Fundación ONR
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