Domar al ‘outsourcing’: una larga batalla contra la mercantilización de la fuerza laboral mexicana

El 14 de abril se aprobaron en la Cámara de Diputados reformas a la ley que regula la subcontratación laboral, conocida como outsourcing. Dichas modificaciones se reflejaron sobre la normatividad del Infonavit, Ley Federal del Trabajo, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre la Renta (ISR), Apartado B del Artículo 123 de la constitución y sobre la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Las reformas fueron remitidas a la Cámara de Senadores.

Entre los cambios sustantivos se encuentran la prohibición de la subcontratación de empleados (Artículo 12), aunque se permite subcontratar servicios especializados, siempre y cuando no coincidan con el giro principal de la empresa contratante. Por ejemplo, una empresa de seguridad informática podrá subcontratar, mediante contrato escrito, un servicio de diagnóstico de clima laboral, pero no podrá subcontratar a los programadores que generan los productos digitales que ofrece la firma.

Las empresas dedicadas a ofrecer servicios especializados mediante subcontrato deberán registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para realizar este trámite, la empresa deberá estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

En cuanto al reparto de utilidades, el monto que percibirán los trabajadores se incrementará notablemente en la mayoría de los casos, toda vez que la elusión de esta responsabilidad por parte de los patrones acarreará sanciones graves, ya que se contemplan penalizaciones que oscilan entre dos mil y 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Cabe señalar que se establece un tope de tres meses de salario el monto que un trabajador podrá percibir por concepto de reparto de utilidades.

Para profundizar, consulta: Subcontratación laboral queda restringida

Esta importante reforma laboral se desencadena en el contexto de una tortuosa recuperación de una pérdida masiva de empleos producto de la desactivación económica provocada por la pandemia del Covid-19. Este marco fue utilizado por algunos detractores de las reformas para afirmar que estas no harían más que complicar la recuperación de los empleos.

Sin embargo, las reformas fueron motivadas por una serie de prácticas empresariales donde se escatimaban derechos a la fuerza laboral, que era tratada como mercancía, además de prestarse a esquemas de defraudación fiscal que mermaron los recursos que podrían haberse destinado a la inversión social.

Otro argumento esgrimido por los detractores de la reforma es que la severidad de este nuevo marco legal orillará a las empresas a apartarse de la legalidad y a mantener sus esquemas de subcontratación de manera subrepticia, corrompiendo si es necesario a las instancias oficiales que pudieran sancionarlos. Esta posibilidad ha sido desestimada por la maestra Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En entrevista del 22 de abril con Primero Noticias, la secretaria defendió así las reformas:

Se trata de reconocer y de reivindicar derechos que se han conquistado durante muchísimos años. No podemos apostar por la vía de la ilegalidad o de evadir estas responsabilidades. No formalidad, no desempleo me parece que es un argumento que casi siempre se ha utilizado cuando damos pasos en la dignificación del trabajo. Nos ha pasado en el caso del salario mínimo, como en otros terrenos.»

Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social

El largo camino hacia la Reforma Laboral

Las reformas fueron el corolario de una serie de mesas de diálogo implementadas en respuesta a una iniciativa presentada en noviembre de 2020 por el presidente Andrés Manuel López Obrador entre el sector privado, cámaras empresariales, sector público y gobierno.  

Un mes después, en diciembre del año pasado, el gobierno mexicano firmó cuatro acuerdos con los empresarios: la resolución de las irregularidades que plagaban el fenómeno de subcontratación laboral, la mejoría del reparto de utilidades para los trabajadores, el aplazamiento hasta febrero de dicha reforma y el compromiso de las empresas para renunciar a prácticas perjudiciales para los trabajadores.

Para profundizar, consulta: Reforma a outsourcing favorece reparto de utilidades.

En la firma de los citados acuerdos también participaron Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Carlos Aceves del Olmo, secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El acuerdo, sin embargo, fue rechazado enfáticamente por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),  la  Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

En un comunicado difundido en su portal web, se planteaba que «coartar la libertad de la subcontratación atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas», además de «dañar seriamente la competitividad del país».